Desde el regreso a la democracia y con los primeros síntomas de que el neoliberalismo deterioraba la calidad de vida de las mayorías populares, se instalaron en nuestro país como en la región los famosos programas de lucha contra la pobreza. Estos programas de contención social esquivaron la responsabilidad estructural del modelo de desarrollo de generar las condiciones materiales básicas para la reproducción social de la vida. La asistencia a través de programas  de transferencias condicionadas de ingresos, como su antecesor directo la beneficencia, fueron las herramientas de contención para aquellas y aquellos caídos del modelo. Desde el plan Trabajar, hasta el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y el programa de empleo comunitario fueron diferentes expresiones de esta forma de asistir a quienes no podían integrarse al mundo económico formal.

A partir de las mediaciones construidas por organizaciones sociales y populares, se generaron proyectos comunitarios o de obra pública de baja y mediana dimensión, pero con fuerte impacto social desde la generación de protecciones sociales, de puestos de trabajos, ingresos/consumo y la dinamización de la economía local. Este mundo social, que dio a llamarse economía popular, encontró en el Estado y sus programas sociales su principal soporte, y en las organizaciones populares a su principal representación. A este espacio social, que hoy se limita al 40% de la PEA, el kirchnerismo orientó sus principales programas sociales, Argentina Trabaja y Ellas Hacen. La actual gestión supo no conflictuar el escenario con cambios en estos programas, aunque introdujeron nociones como el emprendedurismo y la responsabilidad social empresarial.

Sin embargo, el transcurrir del ajuste económico y del deterioro de la situación social, hicieron su parte y pusieron a las organizaciones populares en la necesidad de reclamar y demandar respuestas estatales. La Ley de Emergencia social de 2016 en el marco de un fuerte proceso de movilización social y de articulación política a través de la cámara legislativa obligó al gobierno de Cambiemos a reconocer el rol estratégico de las organizaciones populares en las mediaciones sociales. Durante los dos primeros años de gobierno, estas organizaciones sociales fueron los actores principales de los programas sociales. Su rol como mediadores fue legitimado y aprovechado políticamente para la implementación de programas como el relevamiento de villas, realizado en conjunto durante los años 2016 y 2017, una iniciativa de las organizaciones. En tanto, la demorada implementación de la ley de Emergencia y el sinfín de problemas políticos (disfrazados de técnicos) que se generaron, dieron elementos para suponer que al Macrismo no le interesaba aceitar el vínculo con este actor social.

La actual avanzada sobre los programas sociales invisibiliza el trabajo de construcción comunitaria y de mediación que las organizaciones desarrollan cotidianamente en el territorio, bajo pretexto de utilizar los recursos estatales de forma clientelar. Se destruyen a partir de este supuesto un sinfín de entramados comunitarios, de contención y de promoción y desarrollo, que cumplen un rol fundamental en la disputa cotidiana en los barrios contra las mafias, el narcotráfico y las redes de trata. En un país donde no se generan puestos de trabajo en el sector privado, y donde los niveles de pobreza e indigencia, así como de informalidad continúan siendo lamentables, suponer que la educación formal e informal de beneficiarios por si sola va a sacar a cada persona de su situación de vulnerabilidad es, sino un deseo, una mirada parcial y sesgada del problema integral de fondo como es la desigualdad. La primera línea de batalla contra la desigualdad son las propias organizaciones sociales con su capacidad de construcción comunitaria y de generación de proyectos colectivos. Frente a la desesperanza individual de la meritocracia, la comunidad y sus organizaciones son un espacio democrático fundamental para sostener la integración de nuestras sociedades. Al contrario del discurso oficial, a ellas debe fortalecer el Estado a través de sus programas sociales.

 

*Doctora en Ciencias Sociales UBA - Docente Investigadora Área  Estado y Políticas Públicas - FLACSO Argentina