Sin demasiado ruido, el Gobierno porteño se alzó con la autorización para la venta de terrenos de la Villa 31 con sus habitantes adentro, un endeudamiento por 74 millones de dólares para hacer edificios administrativos en la vieja cárcel de Caseros y el traspaso de las empresas eléctricas Edesur y Edenor a la Ciudad. La oposición de los bloques del PJ, Unidad Ciudadana y la izquierda nada pudo contra la entente nutrida por el macrismo, el radicalismo, la Coalición Cívica, Eco y el socialismo.

El legislador porteño Juan Francisco Nosiglia (UCR-Evolución) fundamentó el voto por la afirmativa de su bloque para la transferencia de competencias de la distribución del servicio de energía eléctrica a la órbita de la Ciudad bajo el argumento de que se trata de “un paso más para completar la autonomía”. “Estamos convencidos de que es un paso adelante al contar con la regulación, el control, el seguimiento del plan de obras y el control de la calidad del servicio en la órbita de la Ciudad”, sostuvo.

Más de un operador político de Perú 160 recalcaba que, a escasos días del apagón que afectó al país y buena parte de la región sudamericana, el Ejecutivo local se despachó con esta iniciativa de tinte beneficioso. “El proyecto del Gobierno porteño convalida una condonación de deuda millonaria a las empresas, en perjuicio del Estado y de los usuarios”, manifestó el diputado peronista Santiago Roberto, y agregó: “celebramos que se dé un paso más en la autonomía de la Ciudad, pero un tema de tanta importancia no se trata solo en tres meses”.

Para el Bloque Justicialista, el oficialismo no admitió ni dio lugar a discusiones o mejoras. “Estamos perdiendo una oportunidad para corregir los problemas que vivimos los porteños respecto al servicio de energía eléctrica”, advirtió el legislador antes de preguntarse si el traspaso beneficia a los vecinos o a las empresas toda vez que “la tarifa de energía eléctrica aumentó más del 1.500 por ciento desde el 2016, pero se siguen registrando cortes y graves fallas en el servicio”.

La iniciativa fue enviada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y atiende, según su entorno, al Consenso Fiscal del 13 de setiembre de 2018. Además, mencionaron a este portal que el traspaso ya estaba contemplado en la Ley de Presupuesto del año pasado, para que las distribuidoras eléctricas quedasen bajo la jurisdicción porteña.

La renta y la tierra

Con menos rebote mediático pero impacto más acuciante, los legisladores avalaron la enajenación de los terrenos en el Barrio Padre Mugica y el Mercado de Hacienda. “Este proyecto es un nuevo capítulo de la misma película: el Estado se descapitaliza, se achica, y los privados hacen sus negocios”, dijo el diputado Carlos Tomada. A su criterio, quienes “vienen luchando hace años por la reurbanización se encuentran nuevamente en la incertidumbre” y “no saben cuál será el destino de los terrenos ni cuánto les costarán las casas”.

Aunque el legislador macrista Agustín Forcchieri alegara que se garantizaría el derecho a la vivienda de los habitantes, en las puertas de la Legislatura permanecieron sin respuesta favorable los vecinos del barrio afectado con el acompañamiento de organizaciones como el MTL. Terminada la sesión, la ecuación de 41 votos positivos contra 17 negativos habilitaba a una fuente kirchnerista consultada por Diagonales a contestar con pesimismo: “en los días malos ellos van a tener un piso de 40 votos”.

El poroteo es de importancia capital porque el cuerpo cuenta con 60 escaños. Por ende, el número de manos alzadas a favor de los proyectos oficialistas equivale a los dos tercios, guarismo que se precisa para la modificación de leyes mucho más gravitantes. Si el discurso que durante los 12 años de su propio apogeo en la Ciudad blandió el macrismo fue la engañosa cantinela de no acreditar mayoría, cuando de piso con que arrancaron en 2007 fue de 26 bancas y sumaban eventualmente apoyos de fuerzas minoritarias, a partir de ahora quedará más que incongruente con los hechos.