El Gobierno de la Ciudad sorprendió esta semana con la presentación de #IATos, un sistema de “inteligencia artificial” capaz de detectar potenciales casos de Covid a través de audios de Whatsapp. La novedad consiste en que los porteños y las porteñas envíen un mensaje de voz literalmente tosiendo al “Boti”, el chatbot de consultas oficial. El funcionario detrás de tal excentricidad es nada menos que Diego Fernández, ex encargado durante seis años de ejecutar cientos de millones de dólares aportados por el BID y el Banco Mundial para la urbanización de la Villa 31, de donde salió eyectado a fines del año pasado por haber perdido todas y cada una de las elecciones en el barrio y asediado internas del Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta. Desde entonces se desempeña como secretario de Innovación y Transformación Digital y fue el encargado de contarle a los medios esta semana de qué se trata el nuevo chiche. 

Fernández, a quien la 31 nunca le perdonó la muerte por Covid de una de sus referentas, Ramona Medina, le gusta presentarse como un modernizador. En el campo empresarial, es cierto, tiene olfato: según su última declaración jurada, compró acciones en el fondo buitre BalckRock, uno de los fondos de inversión a los que la argentina deberá pagarle los próximos años parte de la deuda externa privada tomada por Mauricio Macri durante sus primeros años de gobierno. Pero en la administración pública ese afán chick le costó caro: dilapidó millones de pesos en consultorías y proyectos absurdos, mientras como contracara se acumulaban las denuncias de vecinos por el pésimo estado de la infraestructura en el barrio. Ramona, semanas antes del contagio, había sido la portavoz del reclamo por la falta de agua potable durante el pico de la primera ola, a principios de 2020. 

El funcionario detrás del BOTI: de la tos por Whatsapp a las mascotas de la 31 y el fondo buitre BlackRock

Sólo entre 2016 y 2019, según información oficial a la que accedió Diagonales, Fernández contrató más de 25 servicios en consultorías de las más variadas, por un total de más de 100 millones de pesos, proceso que se profundizó durante sus dos últimos años de gestión. Algunos de los contratos más importantes se los llevaron DELOITTE & CO., cercana históricamente a las distintas gestiones Pro, ALMADO S.R.L, vinculada a Jorge Almado, impulsor del “Impact Investing” y otras modas snobs de empresarios interesados en hacer negocios en barrios populares, y HEINS SA, propiedad del ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. 

El funcionario tenía predilección por tirar la plata: en 2017, contrató por $ 1,249,998 de aquella época a una empresa consultora para el servicio de “Consultoría relación Mascota, Vecino y Ciudad”, lo que, al parecer, le resultaba primordial. El objetivo de la licitación, textual, era obtener “una mejora en el relevamiento y satisfacción de las necesidades de los animales”. 

El funcionario detrás del BOTI: de la tos por Whatsapp a las mascotas de la 31 y el fondo buitre BlackRock

En 2018, Fernández gastó otros $2.237.224,62 en el Servicio de Consultoría Integral para el Programa "Mentes Creativas" y, fiel a su estilo de promoción de la gestión, otro millón y medio en producciones audiovisuales y fotográficas del barrio. También pasó al Estado gastos en talleres de “Capacitación presencial en Liderazgo Participativo”, “colocación de terrazas verdes” y servicios de “catering”.