Como el Gran Hermano, la empresa Danaide SA está en todos lados a la vez. El polémico sistema de reconocimiento facial porteño, suspendido por una cautelar la semana pasada, es sólo uno de los tantos servicios que le brinda al Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Casi no hay tarea de vigilancia o monitoreo que realice la Policía capitalina en que la firma no tenga algo que ver. Desde marzo de 2016, cuando ganó la primera licitación para el “monitoreo por video y control de acceso vehicular” hasta enero de este año, en que se adjudicó la prestación de un software de defensa ante ataques cibernéticos, la compañía que hoy está bajo el ojo de la justicia por manipular los datos biométricos de millones de personas se hizo de unos seis contratos con el Ejecutivo que conduce Horacio Rodríguez Larreta para todo tipo de funciones del estilo. El servicio fue bien remunerado: la firma ya se llevó más de 700 millones de pesos de las arcas porteñas, según reconstruyó Diagonales. 

La empresa está en el ojo de la tormenta desde que el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo dictaminara la semana pasada que el servicio de reconocimiento facial que le brindaba al Gobierno porteño para la supuesta búsqueda y detección de unos pocos miles de “prófugos” podría haberse utilizado de forma ilegal para el espionaje de unas 9 millones de personas. El escándalo tocó a varias figuras de la política argentina, cuyos datos biométricos estaban en manos de la empresa y por ende del Ministerio de Seguridad porteño. Entre ellas, la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, que ya en 2018 había denunciado a la firma tras haber detectado la presencia “sospechosa” de “dos personas que estaban colocando de tres cámaras y un domo” frente a su departamento de Recoleta. Ambas personas se habían identificado como trabajadores de la firma “Danaide SA”. 

Para ese entonces, Danaide ya tenía firmados tres contratos con la Policía de Rodríguez Larreta. El primero, de 2016, para el “Servicio de monitoreo por video y control de acceso vehicular”, por $94.080.000 de pesos, que a través de sucesivas ampliaciones presupuestarias y renovaciones del vínculo, el último en junio de 2021, trepó hasta los $288.120.000. El segundo se rubricó en abril de 2017 para la  “transmisión de audio y video”, es decir una primera serie de cámaras, por $14.199.840, que a mediados de 2020 ya eran $42.599.520. El tercero, un mes después, en mayo de ese año, por “instalaciones complementarias para vehículos patrulleros”, que costaron $208.134.576. 

El gobierno porteño le pagó más de $700 millones a la empresa que participó del espionaje masivo

Todas esas contrataciones se dieron bajo licitación pública. Lo que hasta el día de hoy llama la atención de las organizaciones que iniciaron la demanda contra la empresa es que el sistema de reconocimiento facial se haya hecho vía contratación directa y en tan poco tiempo. Según confiaron a este medio, los patrones de calidad que se requiere para esa tarea es casi imposible de garantizar en 20 días, que fue el tiempo entre el anuncio y la puesta en marcha del sistema. Otro de los puntos que deberá investigar la justicia, luego de una pericia contable, es si existió un sobreprecio en el contrato. Los indicios, a priori, están: la Ciudad firmó un contrato por $ USD 1.511.300, a un tipo de cambio de 43,7 pesos, lo que da unos 66 millones de pesos en total, lo que luego fue corregido a la baja. De todos modos, hubo dos ampliaciones presupuestarias, una en 2020 y otra en 2021, por 19 y 21 millones respectivamente. 

La última de las licitaciones, en plena primera ola de la pandemia, fue por la “Adquisición, Implementación y Capacitación De Una Solución De Firewalls Perimetrales”, por 8,5 millones. 

La empresa también había sido beneficiada con el contrato para el “Servicio de mantenimiento de pórticos equipados con el sistema de lectura de patentes” en 2019, por un total (contando ampliaciones) de otros 122 millones. "Hoy estamos sumando 176 nuevas cámaras lectoras de patente”, anunció Rodríguez Larreta en febrero de este año, durante la presentación de ese sistema en el marco de una visita al Centro de Monitoreo Urbano Norte. El servicio lo proveyó, precisamente, la propia Danaide.  "Vamos a seguir ampliando el Plan de Videovigilancia, el plan de cámaras. Vamos a sumar 5 mil cámaras más, para llegar a un 75% de la Ciudad vigilada por cámaras", prometió el jefe de Gobierno ese día. 

La semana pasada, cuando el propio Rodríguez Larreta arremetió contra las personas que cobran planes sociales y se movilizan, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D´Alessandro, propuso poner “a disposición del Gobierno Nacional”, las cámaras para “identificar” a los piqueteros. Danaide también podría ser usada, estaba visto, para fines de persecución política. 

Tal como publicó Diagonales en su momento, quien figura en los papeles como titular de la empresa es Hernán Pablo Carzalo, socio en otros negocios del mismo rubro de Mario Montoto, uno de los vínculos entre el fiscal Carlos Stornelli y el ex espía Marcelo D´Alessio.