El muro de Clarín no tiene quién lo derribe
El Gobierno de la Ciudad amagó con cumplir este sábado con un fallo que ya tiene siete años de vigencia y que le ordena demoler el muro ilegal del Grupo Clarín frente a la Villa 21-24 de Barracas. Pero las cuadrillas llegaron hasta el lugar y, en un paso de comedia, se retiraron a los pocos minutos.
Siete años de vigencia tiene el fallo judicial que le ordena al Ejecutivo porteño demoler el muro levantado por el Grupo Clarín en el barrio de Barracas, que interrumpe de forma ilegal el paso por la calles Luna y Ascasubi entre la Villa 21-24 y la planta impresora de la empresa. El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se había comprometido finalmente este sábado a cumplir con la sentencia y derribarlo, luego de la presión de la oposición y el reclamo de los vecinos del barrio, que presentaron una medida cautelar hace ya más de diez años. Pero pasaron cosas: la cuadrilla de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad llegó hasta el lugar con ese objetivo, pero se retiró a los pocos minutos con la excusa de que se presentaron "una serie de problemas técnicos y estructurales", sin mayores precisiones.
“¿Larreta demolió el muro ilegal de Clarín? La respuesta no los sorprenderá. No. Dicen que se encontraron con "problemas técnicos y estructurales". Qué curioso: la semana anterior habían inspeccionado el lugar”, publicó en su cuenta de Twitter el senador porteño del Frente de Todos, Mariano Recalde.
La semana pasada, mediante una disposición oficial, el Ejecutivo porteño había informado a la justicia que que “la Dirección General De Guardia De Auxilio Y Emergencia ha informado mediante comunicación oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demolición de muro en la intersección de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta área operativa será el SÁBADO 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la mañana".
Sin embargo, la acción no se concretó. La agencia Télam pudo retratar la llegada de la cuadrilla del Gobierno porteño hasta el lugar. A través de la serie de fotografías, se puede comprobar que tenían todas las herramientas disponibles para cumplir con la tarea, pero todo quedó en un paso de comedia que volvió a desnudar la complicidad del jefe de Gobierno con el principal grupo de medios del país.
El propio Recalde, también a través de sus redes, dejó expuesto a la Guardia de Auxilio de la Ciudad, dado que el muro de la discordia ya había sido visitado días antes para una inspección. “Después de 7 años, siguen poniendo excusas para ganar tiempo. El jefe de Gobierno no cumple con la Justicia. Cumple con Clarín para asegurarse el blindaje mediático”, disparó.
El fallo judicial que declara ilegal el muro y ordena derribarlo data de abril de 2015. Fue firmado por la jueza Lidia Lago, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7, luego de varias apelaciones y recursos interpuestos por el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
En aquella época, la jueza llegó a escribir en una de sus resoluciones en el marco de la causa que “el muro efectivamente existe”, dado que el Gobierno porteño hasta lo había puesto en duda y llegó a plantear que había sido levantado por los propios vecinos de la villa y no por el grupo mediático.
El muro en cuestión tiene unos cuatro metros de altura y una garita del Grupo que controla quién puede pasar y quién no. “Los vecinos se encuentran afectados en su derecho a la libre circulación. La presencia del muro se constituye en una ofensa discriminatoria”, decía el planteo inicial de los vecinos para que el muro sea derribado.
El periodista Víctor Hugo Morales, en 2015, se había dirigido al lugar con un grupo de productores de su programa Bajada de Línea, que fueron agredidos por personal del Grupo. Según denunció en su momento la periodista Cynthia García, a Víctor Hugo “se le tiró un auto encima” y “resultó golpeado en una pierna”.
Según una investigación publicada en marzo de este año por ElDiarioAR, la administración de Rodríguez Larreta pagó $1.245.000 al diario Clarín por sólo una “publinota” que describía los supuestos avances en materia de espacio público en la Ciudad, justo durante la misma semana que se aprobaba en la Legislatura la privatización del predio de Costa Salguero.