Larreta, Acuña y la vuelta a clases con un negociado de $12 mil millones
Se trata de una licitación a medida de las empresas que proveen de alimentos a las escuelas públicas, muchas de las cuales figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos en 2015
Una semana antes de inaugurar el ciclo lectivo “sin protocolos ni palabras raras”, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, firmó una resolución que convoca a una licitación pública para el servicio de comedores de la escuela pública por $12 mil millones para este año y de $50 mil millones para hasta el final del mandato de Horacio Rodríguez Larreta. La convocatoria tiene dos aspectos llamativos: sólo hay apenas un mes para presentar ofertas, un tiempo muy corto para una licitación; y además, para presentarse hay que pagar el pliego por adelantado, por un total de $795 mil.
Ambos aspectos levantaron sospechas sobre una licitación amañada, dado que las condiciones son únicamente aptas para las empresas que vienen haciéndose cargo del negocio históricamente. Algunas de ellas, como Friends Food S.A, Teylem, Siderum y Arkino, figuran como aportantes a la campaña electoral de Cambiemos en 2015.
El negocio está en manos de unas 19 empresas que desde hace años ganan la misma licitación. Ya en 2017, un relevamiento de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires detectó una serie de irregularidades que van desde “la ausencia de buenas prácticas en la manipulación de los alimentos” y “controles insuficientes de la comida” y “hasta deficiencias en las instalaciones donde se preparan los alimentos”.
Pero los cuestionamientos no terminan ahí. Durante la primera ola de la pandemia, con las escuelas cerradas, varias de esas empresas redujeron sus costos y redujeron los salarios del personal, pese a que recibieron el ATP del Gobierno nacional. Una de las empresas, Lamerich SRL, intoxicó a más de 100 estudiantes de seis escuelas en marzo de 2020 con alimentos en mal estado. Lamerich SRL se llevó ese año 613 millones.
Muchas de las firmas, además, registran varias deudas con la AFIP. El Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras organizaciones denunciaron a varias de ellas y al propio Ejecutivo porteño por sobreprecios de un 50 por ciento.
“El sistema de concesiones que funciona en los comedores escolares es producto de la década del ‘90 y sus privatizaciones y, luego de 30 años, necesita ser profundamente debatido. Organizaciones, docentes y cooperadoras debemos exigir un debate democrático sobre un aspecto tan central como es la alimentación de les estudiantes. Es la única manera de terminar con el negocio”, dijeron desde el Observatorio.
Pese a los cuestionamientos, Larreta y Acuña vuelven a armar una licitación a pedido. La decisión sobre las ganadoras del concurso se conocerá luego del 11 de marzo.
