Horacio Rodríguez Larreta sumó un nuevo ítem a la larga lista de contratos insólitos de la Ciudad de Buenos Aires con empresas amigas. El Jefe de Gobierno porteño le adjudicó esta semana la obra para la construcción nada menos que de una cancha de Golf en Costa Salguero a la empresa Naku Construcciones SRL por más de 600 millones de pesos.

Naku Construcciones SRL es propiedad de Santiago Jorge Bayazbakian, quien figura como aportante de la campaña de Cambiemos que llevó a Mauricio Macri al poder en 2015 con $250.000.

La firma tiene además una extensa lista de contratos con el Ejecutivo porteño, entre ellos la restauración de veredas, de 2019, por $256 millones. También se llevó $40 millones para el servicio de “readecuación de red de agua y desagües cloacales del Ecoparque Interactivo”, un año más tarde, y otros 77 millones más para el “mantenimiento y reparación de edificios y locales” el año pasado.

Contratar empresas aportantes para obras menores y polémicas se convirtió una costumbre para el Gobierno de la Ciudad en el último tiempo: la semana pasada, Diagonales reveló que CRIBA SA, una de las principales constructoras del país y propiedad de la familia Tarasido, que también puso plata para Cambiemos en 2015, se llevó $1.500 millones de pesos para el desarrollo de “Buenos Aires Costa”.

En la cancha de Golf, Naku Construcciones SRL armó una UTE junto a Altote SA, que se llevará por su parte otros 100 millones. Altote es presidida por Eduardo Bartolomé Otero Machado, otro aportante de la campaña PRO en 2015.

Pero el escándalo no termina ahí. La cancha de Golf forma parte de la privatización del predio de Costa Salguero, que fue rechazada por miles de personas durante audiencias públicas en 2020. También se convocó a una para la obra en específico, que volvió a ser rechazada por la sociedad civil.

“Este proyecto se inscribe dentro del Plan BA Costa, iniciativa del GCBA como desacertada respuesta a la histórica Audiencia Pública donde más de 2000 expositores reclamaron recuperar los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco que por ley y por mandato constitucional no pueden ser privatizados y deben ser de uso público”, dijo la arquitecta Bárbara Rosen durante una de las audiencias, en agosto de este año.