El fiscal Carlos Stornelli dio impulso a dos denuncias recibidas ayer e imputó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, en el marco de una causa que investiga una presunta "privatización" de la vacunación contra el coronavirus en la ciudad de Buenos Aires. 

En las presentaciones judiciales se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, luego de que el distrito se suscribieran convenios para entregar dosis a obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

Una de estas denuncias fue presentada por la abogada Natalia Salvo, quien se centró en la supuesta firma de convenios entre el gobierno de la Ciudad e instituciones privadas en las cuales delegó parte del plan de vacunación contra el coronavirus “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.

Salvo aseguró que “Horacio Rodríguez Larreta estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”.

En esa línea, la denunciante señaló que “esta práctica para facilitar vacunaciones de privilegio y la ausencia de información y/o documentación que permita determinar la trazabilidad de las vacunas, en el marco de la mayor pandemia que recuerde nuestra Ciudad, resultarían constitutivos del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.