Otro fallo frena el negocio inmobiliario de Larreta: es el tercero en cuatro meses
Por tercera vez desde noviembre, la administración porteña recibió un revés en tribunales y deberá revisar la venta de ocho terrenos públicos transferidos en 2019 por Macri. Será otro ítem a negociar con Alberto Fernández en la mesa por la copa y los recursos
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sufrió esta semana un nuevo traspié en los tribunales: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 10, a cargo de Walter Lara Correa, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y frenó la venta de ocho terrenos que Mauricio Macri había transferido de Nación a la Ciudad pocos días antes de dejar el poder y en concepto de pago por las obras del viaducto de los trenes San Martín y Mitre, que fueron inaugurados y promocionados en campaña.
Se trata del tercer fallo adverso en la materia que recibe el Jefe de Gobierno desde noviembre del año pasado, cuando la Sala II de la Cámara del fuero Administrativo de la Ciudad suspendió la ley que habilitaba la venta del predio de Costa Salguero. En el medio, en enero de este año, el juez Roberto Gallardo –el mismo que cuestionó el protocolo para la vuelta a clases de Larreta– hizo lo propio pero con terrenos de la Villa 31, los playones ferroviarios de Villa Crespo y el ex Mercado de Hacienda, entre otros que sumaban unas 86 hectáreas en total. Y es el cuarto si se toma en cuenta que en junio Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 evitó la venta de otra tanda de terrenos ferroviarios en Palermo.
En lo que va de su segundo mandato al frente de la Ciudad, Rodríguez Larreta no para de acumular fallos adversos en la justicia que frenan el “master plan” de privatización de tierras públicas del que gozó cuando gobernó a la par de Mauricio Macri. Y la bola se le está viniendo encima: el último fallo pega en el punto de flotación de un mecanismo de recaudación muy aceitado, que le genera un trastorno más en medio de la pelea de los fondos coparticipables con Alberto Fernández.
Es que en su mayoría, Macri utilizó la cesión de esos terrenos para que la Ciudad los venda y pueda hacerse de los dólares necesarios para financiar obras costosas como los susodichos viaductos, levantados en los barrios donde se encuentra la base electoral del Pro, como Belgrano y Colegiales, y otros como el Paseo del Bajo, que forma parte de un desarrollo estratégico de la zona portuaria de la Ciudad, que incluye la renovación de costanera norte y la venta de Costa Salguero.
¿Quién va a pagar los créditos con el BID y otros organismos bilaterales de crédito que financiaron las obras? Vale recordar que el tramo 1 del Paseo del Bajo, el más costoso, Larreta se lo adjudicó a SIDECO Americana, la constructora insignia del grupo Macri, por entonces en propiedad de Ángelo Calcaterra. La deuda ahora es con Marcelo Midlin, quien además se hizo con Edenor.
Larreta suma ahora un ítem más en la mesa de negociaciones con la Rosada: además de los dos puntos de coparticipación en disputa –recortados por decreto y por ley del Congreso– deberá pelear por recuperar la posibilidad de vender esos terrenos para hacer cash. Y no sólo eso: entre los compradores históricos de tierras VIP que fueron a remate del Banco Ciudad están, entre otros, la familia Whertein y el imperio inmobiliario del dueño de Nordelta, Eduardo Constantini, un empresario fervientemente macrista y que ha sido aportante en varias campañas. El impacto también se traducirá en una menor inversión en la Ciudad y en el freno de una de las actividades económico-especulativas favoritas del Jefe de Gobierno, que han marcado su primera gestión y lo que va de la segunda.
De hecho, si se suman los 13 años de gestión del Pro primero y Cambiemos y Juntos por el Cambio después, en la Ciudad se privatizaron más de 500 hectáreas, el equivalente a 650 canchas de River. Alberto Fernández cortó con esa inercia ni bien asumió el gobierno: mandó a la actual dirección de la AABE,a cargo de Miguel Consentino, a realizar una auditoría interna de todos y cada uno de los procesos de traspaso de terrenos, en los que Macri gastó más de 80 decretos de necesidad y urgencia, en su mayoría durante los últimos seis meses de su gestión.
Desde entonces comenzó un proceso de revisión que derivó en una denuncia penal de la OA contra Macri, además de las que ya tiene de organizaciones civiles como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. El ex titular de la AABE hasta 2019, Ramón Lanús, comparte las mismas acusaciones, por el supuesto “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta”.
La política de transferencias de Nación a Ciudad surge claramente cuando se revisa que de las 150 propiedades que Macri transfirió durante sus cuatro años, más de la mitad, 80, las recibió, complacido, el jefe de Gobierno porteño.
Larreta, por su parte, sigue enredado en algunos de los efectos políticos de las privatizaciones: el caso más sonado es Costa Salguero. El predio en cuestión, cuya venta también está trabada en la justicia, debe pasar ahora por una votación en segunda lectura para que se habilite allí la construcción de unos edificios VIP estilo Puerto Madero, que enfrentaron una oposición inédita en audiencias públicas, con récord de participantes. También la ANAC objetó el proyecto, porque podría resultar peligroso para Aeroparque. La concesión del predio –del cual participa con un porcentaje el marido de la diputada de Cambiemos Carmen Polledo– vence el 30 de abril y la venta no aparece fácil en el horizonte. Habrá que ver si el peronismo utiliza ese vacío legal para un hecho político en un territorio en el que el Pro se manejó a gusto durante años.
