Familiares de víctimas y sobrevivientes de Cromañón presentarán este jueves en Diputados un proyecto de ley para expropiar el edificio donde hasta el 31 de diciembre de 2004 funcionó el boliche administrado por Omar Chabán y abrirlo a la ciudadanía como un nuevo sitio de la memoria, tal como sucede con los ex centros clandestinos de detención de la dictadura militar.

La iniciativa fue impulsada por un amplio abanico de organizaciones de familiares, sobrevivientes y amigos de la tragedia, y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero también de todos los bloques de la Cámara baja. El proyecto lleva la firma de Paula Penacca, como autora, y contó desde el principio, también, con la aprobación para avanzar de la diputada María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, víctima de la tragedia de Once. También lo impulsan la UCR, el FIT y la Coalición Cívica.

Semejante apoyo “es el resultado de una construcción amplia del movimiento Cromañón, que siempre construyó a partir de la diversidad”, explicó a Diagonales Nicolás Pappolla, sobreviviente y miembro de la Coordinadora Cromañón.

Proponen expropiar Cromañón y convertirlo en un Sitio de la Memoria

El proyecto propone la expropiación del inmueble, cuya propiedad fue restituida a fines de 2018 en un polémico fallo a “Nueva Zarelux S.A”, una sociedad offshore radicada en Uruguay que ya en el expediente mismo de la causa se había detectado que pertenecía a Rafael Levy, uno de los condenados.

Pappolla relató que una tarde de diciembre de ese año, un grupo de familiares y sobrevivientes detectó movimientos sospechosos dentro del edificio mientras realizaban tareas de mantenimiento en el santuario montado en homenaje a las víctimas sobre la calle Bartolomé Mitre. Enseguida lograron ingresar por la fuerza y constataron, antes que llegara la policía, que dentro del local se habían borrado huellas invalorables del testimonio de la tragedia. Fue entonces que la idea de recuperarlo y ofrecerlo a la ciudadanía como espacio para la memoria comenzó a cobrar fuerza.

“Cuando supimos que la justicia le entregó las llaves a Levy no lo podíamos creer. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las causas civiles por daños iniciadas por familiares y sobrevivientes llevan ya casi 18 años sin avance concreto ni siquiera en primera instancia en distintos juzgados del Fuero Contencioso Administrativo Federal. Pero a Levy le dieron las llaves. Un papel muy triste el que viene jugando la justicia”, advirtió Pappolla.

La condena de cuatro años sobre Levy fue ratificada en 2014 por la Corte Suprema, pero el empresario dueño del boliche recuperó su libertad, condicional, poco antes de la pandemia. En el medio recibió una denuncia de la ONG La Alameda por regentear un prostíbulo en el mismo barrio, Once.  “A pesar de que fue clausurado siempre reabrió, mostrando la complicidad de los organismos inspectivos de la Ciudad", decía la denuncia de la ONG.

Proponen expropiar Cromañón y convertirlo en un Sitio de la Memoria

Ante ese panorama, las organizaciones comenzaron a darle forma a la idea, que cobró forma finalmente este año. La idea general del proyecto es que, una vez que se expropie el inmueble, la Secretaría de Derechos Humanos ponga en marcha “una muestra permanente, que reflejará la historia de lo allí ocurrido”, y que organice “actividades culturales e informativas”, según lo establece el artículo 2 de la norma.

“El movimiento Cromañón es muy amplio, hay mucha gente que piensa muy distinto, pero en esto nos pusimos de acuerdo y construimos en la diversidad. El punto de partida es que hay que recuperar el inmueble para que sea del pueblo, de la sociedad. Un espacio para reflexionar, para que no vuelva a suceder”, relató Pappolla.

Nicolás imagina “recorridos para los pibes de las secundarias, que son jóvenes como lo éramos nosotros en 2004”, dijo, y también una “reparación simbólica” para familiares y víctimas, que todavía luchan para que la tragedia Cromañón sea entendida con toda su profundidad. “Va a ser como recuperar las llaves de la memoria”, dijo.

En octubre del año pasado, la Legislatura porteña sancionó una ley que declaró al inmueble de “interés social y cultural”, en lo que fue el paso previo a la expropiación que votará el Congreso. Las organizaciones confían en que, como hay acuerdo, el proyecto salga lo antes posible, aunque el camino hasta abrirlo a la comunidad “va a ser largo”, explicaron.