“Pobres hubo siempre” solemos escuchar a menudo. Dicha aseveración transmite pesimismo y resignación, naturalizando una problemática social sumamente compleja y preocupante. Y además, lleva a la parálisis porque muchos creen que no vale la pena tratar de cambiar algo que siempre estuvo y que va a estar. Pero esa idea es falsa, no refleja la realidad. Los fenómenos sociales no existen desde siempre, tienen un origen histórico y pueden tener un fin. Aun asumiendo que la pobreza existe desde hace muchos años, décadas o acaso siglos, no es cierto que esta problemática haya permanecido inalterable a lo largo del tiempo. ¿Existía la pobreza cuando aún no nos habíamos constituido como un país independiente? ¿Qué la diferenciaba de la pobreza que nos aqueja en la actualidad?

En Buenos Aires, a fines de la época colonial había pobres. Numerosos viajeros dieron cuenta de la existencia de mendigos pidiendo limosnas en las calles. Si bien no se producían crisis alimentarias como en algunas ciudades europeas, muchos individuos y familias de las clases populares estaban a merced de caer en la pobreza producto de alguna situación particular. En una sociedad donde no existía la moderna seguridad social, la ancianidad, las enfermedades, el sufrimiento de alguna discapacidad, o una situación de orfandad provocaban un súbito empobrecimiento.

Esta pobreza material o económica estaba íntimamente relacionada con otro factor de diferenciación social: la desigualdad jurídica. La sociedad colonial se regía por la división de la población en grupos o estamentos, cada uno con distintos derechos y obligaciones. Ello garantizaba el monopolio del poder económico y político a una minoría de hombres considerados blancos y descendientes de españoles. Mujeres, indígenas, mulatos, negros, mestizos e hijos nacidos por fuera del matrimonio estaban sujetos a toda una serie de normas legales discriminatorias. No solo no podían ingresar a la universidad u ocupar cargos en el Estado, sino que además la legislación les reservaba las penas más rigurosas y las ocupaciones más sacrificadas. La expresión más dramática de estas desigualdades -legalmente establecidas- era la existencia de miles de esclavos, cerca del 30 por ciento de la población de la época.

Los dirigentes que desplazaron al Virrey Cisneros en 1810 y dieron inicio a la Revolución de Mayo se hicieron eco de la injusticia que conllevaba la desigualdad jurídica del régimen colonial depuesto. Y fueron adoptando progresivamente el lema de igualdad ante la ley en distintos reglamentos y estatutos.

Pero este avance del igualitarismo ante la ley no tuvo el mismo correlato en el plano social o económico. Así, se fue eliminando la desigualdad jurídica, pero persistió la pobreza y la desigualdad social. Por supuesto, esto no era una característica estrictamente local, sino que fue un rasgo distintivo de las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII, como lo evidencia la Revolución Francesa de 1789 o la independencia de los Estados Unidos de América en 1776.

Por razones de espacio no podemos ni siquiera resumir la historia del capitalismo periférico en nuestro país y sus crisis desde aquella época hasta la actualidad, y su impacto en la pobreza y la desigualdad. Pero si podemos decir que a fines del siglo XX la fase neoliberal del capitalismo trajo una novedad. La pobreza, producto de una creciente desigualdad entre los que menos tienen y los que concentran la riqueza, fue adquiriendo tintes tan dramáticos que fue necesario encontrar otro término para describir su origen: la exclusión. En nuestro país este modelo económico reconoció tres ciclos: la dictadura cívico-militar instaurada en 1976, las dos presidencias de Carlos Menem junto con la efímera experiencia de Fernando De la Rúa, y el más reciente gobierno encabezado por Mauricio Macri.

En la época colonial los pobres eran concebidos como parte de la sociedad, y en cierta manera estaban incluidos -aunque de manera subordinada y desigual-. No solo desempeñaban tareas y ocupaciones esenciales para la vida social, sino que además los pobres eran el medio a través del cual los poderosos encontraban su salvación. Siguiendo ciertos preceptos bíblicos, los ricos en la época colonial realizaban obras de caridad, servían como Defensores de pobres en el Cabildo gratuitamente y financiaban orfanatos. La piedad y la conmiseración de las autoridades y las personas notables para con los “pobres y miserables” por supuesto no buscaba que éstos adquirieran conciencia de sus derechos, ni modificar las desigualdades vigentes. Sino amortiguar las diferencias sociales para que cada uno aceptase -como algo natural- el lugar que ocupaba en la sociedad, legitimando al mismo tiempo el sistema político.

En contraposición, el capitalismo en su modalidad neoliberal ha vulnerado los derechos de millones de personas, excluyéndolos directamente del sistema en su conjunto. Esto se logró otorgándole un predominio desmedido al capital financiero, en perjuicio del mercado interno, la industria, la producción, el empleo y el poder adquisitivo de las grandes mayorías. A dicha población excluida se la responsabiliza por su propia pobreza -sin ver las causas estructurales subyacentes-, se la estigmatiza y se la criminaliza. A la retracción del estado social o de bienestar, le corresponde una ampliación del estado penal -en palabras del sociólogo Loïc Wacquant-, lo que se visualiza en las políticas de “mano dura” contra la delincuencia, o de defensa del gatillo fácil por parte de las fuerzas de seguridad.

Ello nos sitúa ante una aparente paradoja: hace ya mucho tiempo que la igualdad ante la ley ha llegado para quedarse. Pero ello no implicó una verdadera igualdad de oportunidades. Porque la pobreza y la desigualdad económica y social desde las últimas décadas del siglo XX han mostrado un incremento preocupante no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, como bien lo muestran los estudios del economista Thomas Piketty. Esta catástrofe social además se convierte -junto con otros factores- en terreno fértil para la multiplicación de la xenofobia, el racismo, los ultranacionalismos y las guerras. Es más fácil culpar al otro, al distinto, al extranjero antes que buscar causas más profundas, como las políticas económicas que consagran un modelo injusto, excluyente e inviable a largo plazo.

Cualquier precepto legal que no tenga su correlato en la realidad no es más que una expresión de deseos. El combate a la pobreza requiere de políticas redistributivas, asistenciales, pero sobre todo de un cambio de paradigma que se sitúe en las antípodas del neoliberalismo y las recetas económicas recomendadas por el FMI. Esta progresiva inclusión, debe ir acompañada de medidas que aminoren la creciente desigualdad económica, y de políticas de ampliación de derechos sociales, políticos, educativos y culturales que empoderen a los asalariados y trabajadores. No para que acepten con resignación las cosas como son. Sino para que crean que es posible cambiarlas.

 

*Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires). Investigador Asistente del Instituto "Dr. Emilio Ravignani" / Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Avellaneda.