Hugo y Pablo Moyano, máximas  del Club Atlético Independiente, fueron imputados por fraude contra el club por el juez Gabriel Vitale, ante el pedido de la fiscal Viviana Giorgi. Marcelo Mazzeo, abogado que se presentó en nombre de la institución, fue el que recibió la notificación. La acusación de la fiscal se basa en la posibilidad concreta de la existencia de un sistema de reventa de entradas con participación activa de la dirigencia.

La investigación comenzó a partir de la confesión indagatoria del barra brava Pablo Álvarez y Damián Langaronne, su hombre de confianza. Allí, ambos argumentaron que los carnets de la barra, que suman 2.000, no los pagan los violentos sino que el club los hace pasar como abonados en la contabilidad, sin que haya dinero de por medio. Y que lo mismo ocurre con los bonos para ingresar al estadio Libertadores de América y las entradas de protocolo.

Álvarez y Langaronne, señalaron a Héctor "Yoyo" Maldonado, secretario general de Independiente y del gremio de Camioneros, como el nexo con la dirigencia.

Ante esta situación, la fiscal Giorgi llamó a declaración indagatoria y procesó a Maldonado como miembro de la asociación ilícita, aunque sin prisión preventiva. Debido a esto, la fiscal pidió primero que se le enviara cuántas entradas había vendido el Rojo para la semifinal y final de la Copa Sudamericana frente a Libertad de Paraguay y Flamengo de Brasil, respectivamente. El número causaba asombro: 29.000 tickets por encuentro. El estudio de las imágenes de los drones de la Policía determinó que en esas jornadas coperas, en Libertadores de América hubo entre 52.000 y 53.000 espectadores. 

Entonces la idea de una reventa masiva de entradas de la barra, en presunta complicidad con autoridades de la institución empieza a tomar válidez. La reventa en ambos encuentros arrancaba en 1.000 pesos por ticket.

Consultado por la situación, Maldonado ofreció una defensa poco creíble, argumenatando que los hinchas suelen agolparse en los accesos y muchos se terminan colando. En consecuencia, el 28 de diciembre se desarrolló un allanamiento de varias horas en la sede de Independiente y de Integradores S.A.

Más allá de esta causa, también está pendiente la de lavado de activos, que se encuentra en manos del juez federal de Quilmes, Luis Armella; vale destacar que esta causa también nació de  declaraciones de "Bebote" Álvarez y Langaronne. En su denuncia, asegura que el producido de cada venta que hacía Independiente pasaba por una cuenta en un paraíso fiscal  (el club tiene abierta una en Luxemburgo desde la época en que presidía Javier Cantero) y de ahí llegaba a la Argentina a una mesa de dinero relacionada a un importante empresario gastronómico hincha del "Rojo", y en la que estaba involucrado otro vicepresidente del club y el propio Pablo Moyano.

El próximo paso será esperar la pericia sobre las máquinas de acceso al Libertadores de América, cuyo resultado se espera para el 15 de febrero. Hugo y Pablo Moyano aguardarán las conclusiones imputados por fraude a la institución que conducen.