El proceso de restructuración (“reperfilamiento”, o como se lo quiera llamar) de la deuda será una pieza clave para definir el devenir del futuro gobierno. Las posibilidades de crecimiento, de consolidación de un modelo industrial sustentable, la expansión del empleo y el salario se encuentran asociadas, en parte, a la oferta de divisas.

Sea por exportaciones y/o inversiones, se requieren dólares para financiar las importaciones necesarias para el desenvolvimiento de la actividad, habida cuenta de que, de acuerdo con el perfil productivo estructural argentino, cada punto de crecimiento del PBI implica, aproximadamente, un incremento de tres puntos en las compras en el exterior. Cuanto mayor sea la porción de oferta de divisas destinada a afrontar los servicios de deuda, menores serán las posibilidades de expansión económica.

Kenneth Rogoff, quien se desempeñaba como economista jefe del FMI en el lapso 2001-2003, sostuvo en un artículo reciente que “el gobierno argentino acumuló un montón de deudas casi de la nada con una velocidad sorprendente, y luego prosiguió a incumplir su pago con la misma velocidad”, para después rematar “… los préstamos del FMI sólo parecieron posponer lo inevitable y, lo que es peor, exacerbar el colapso final”.

A estos comentarios que describen una suma de irresponsabilidades en el caso argentino, en la que se aglomeran el gobierno nacional, los mercados financieros y el FMI, el periodista Marcelo Bonelli adicionó, en su última columna, un supuesto conflicto entre el organismo multilateral y los fondos de inversión prestamistas de la Argentina. El problema radica en quién asumirá los costos mayores de la irresponsabilidad compartida, teniendo en cuenta que la Argentina adolece de capacidad de pago de sus deudas, aún cuando reciba extensión de los plazos. La tensión sería, según Bonelli, quién deberá soportar la inevitable quita.

El escenario descripto revela las incertidumbres y pronunciamientos de los agentes económicos poderosos sobre la reciente crisis de deuda argentina, a los que debe agregarse el rol de los exportadores, quienes serán los principales proveedores de divisas para el pago de los pasivos.

Una crisis de deuda siempre provoca fracturas en los bloques de poder, que deben ser aprovechadas por un gobierno constitucional cuando aborda la tarea de reconstrucción del Estado y de la economía.

El proceso económico desencadenado por Cambiemos en estos años tuvo singulares beneficiarios en lo que podemos denominar el conglomerado primario -agro, energía y minería- y en los bancos, abocados en valorizar financieramente los excedentes de la recomposición de los precios en favor de esos sectores. Ahora bien, ese esquema fue posible gracias al referido endeudamiento del Estado con los mercados y con el FMI.

El rápido agotamiento del modelo macrista y su colapso político, económico y social dejan un tendal de facturas recíprocas entre esos sectores poderosos de la economía. ¿Cómo se reparten los costos de la fiesta amarilla entre ese núcleo dominante? Esta es la tarea central de un gobierno constitucional, democrático y popular.

Cómo se salde esta puja, tal como se ha afirmado en los párrafos precedentes, marcará el destino del próximo gobierno.

*Secretario de Economía y Hacienda de La Matanza. Twitter: @RobertoFeletti