La consecuencia más dura de la reforma previsional es esencialmente la reducción de casi $800 por mes de lo que los jubilados iban a percibir de acuerdo al cálculo proyectado en el presupuesto 2018, que a partir de la aparición de la fórmula en la actualización de haberes habría que reestimar. Es decir, de acuerdo a lo que se tenía previsto con la fórmula anterior, producto de la ley de movilidad jubilatoria del año 2009, los jubilados iban a tener un aumento del 22%, pero con la modificación de la formula de actualización de haberes, los jubilados pasarán a cobrar un aumento cercano al 10% de acuerdo a la inflación proyectada por el INDEC.

Esta reforma parte de la premisa de que los gobernadores necesitan la asistencia fiscal del Estado central; motivo por el cual, el Gobierno va a obtener el apoyo parlamentario a partir del acuerdo con los gobernadores. Y lo que debería ocurrir en Argentina es que la CGT se ponga al frente de los reclamos para alertar a la población acerca de las consecuencias indelebles de esta reforma que se van a sentir durante los próximos años.

La principal consecuencia social de esta novedad, es un empobrecimiento de la población, básicamente por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y por disminución de la calidad de vida. Pero, lo cierto es que esta reforma previsional en términos macroeconómicos  también puede percibirse de otra manera, porque puede haber un aumento del PBI, pero que no significa que mejore las condiciones de vida de la gente, ya que puede darse el caso que sectores concentrados de la economía por reducciones impositivas ganen mucho dinero y que ese dinero no se distribuya.

Y lo que se genera es un país más desigual donde se producen salarios y jubilaciones más bajas, aumento de la rentabilidad empresarial y aumento de la capacidad financiera discrecional del gobierno de la provincia de Buenos Aires para mostrar gestión a través de la obra pública y de esa manera, lo que pretende hacer es compensar la pérdida de prestigio, de credibilidad y de poder social como consecuencia de la recesión económica que seguramente se va generar luego de disminuir  jubilaciones y asignaciones universales, cambiándolo por el prestigio o reconocimiento público que puede llegar a dar tener más dinero para volcar en la obra pública.

Es así que, la modificación de la fórmula en la cual se calcula la actualización de haberes busca esencialmente un ahorro fiscal de 120 mil millones de pesos, y ese ahorro fiscal va a financiar el fondo del conurbano bonaerense que es una concesión que el gobierno de Macri le hace al gobierno de María Eugenia Vidal para reactivar la obra pública. Y por otro lado, tiene que ver con lo que el ANSES deja de percibir, porque va a dejar de percibir tanto los aportes y las contribuciones patronales pactados en la reforma laboral como el 20% de ganancias que a partir del canje que se hace entre el gobierno nacional y la provincia para reducir ingresos brutos; porque esos fondos pasarían a ser coparticipados y a dejar de ser percibidos por el ANSES.

¿Qué es lo que estamos analizando entonces? Estamos viendo una reorganización de las principales variables de la economía a los efectos de aumentar la rentabilidad empresaria por vía directa con reducción de salarios. Y por otro lado, estamos viendo también un cambio en los objetivos y las prioridades del gobierno, haciendo que la micro-gestión de la obra pública termine siendo mejor considerada o más valorada por el gobierno que la gestión de la economía, es decir: sacrifican actividad económica para garantizarle a María Eugenia Vidal los recursos necesarios para poner las máquinas a trabajar en la provincia de Buenos Aires.

Sucede que por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y de las asignaciones universales, la economía argentina podrá tener algún tipo de crecimiento, pero lo que seguramente se generará es una mayor brecha de la desigualdad.

*Licenciado en Ciencias Políticas,  docente y político. Twitter: @SantoroLeandro