Uno de los argumentos más usados por los políticos en los debates que veo en Argentina es que la presión fiscal debe aumentarse porque “no se recauda lo suficiente”.

La primera pregunta que nos viene a la mente es qué significa “suficiente”. El problema de déficit fiscal de Argentina no se ha generado por baja presión fiscal, sino por una carga impositiva confiscatoria y excesiva.

El Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) 2017-2018 muestra que Argentina ocupa el puesto 92 entre los 138 países analizados. Lo más preocupante es que la carga fiscal, en el caso argentino, es la más elevada de las 138 economías.

Entre 2002 y 2017 la presión fiscal –nación, provincias y municipios- aumentó en más de 10 puntos del PBI, mientras la inflación –el impuesto de los pobres- se disparaba.

Esos dos factores, la inflación y la alta presión fiscal, son los que dinamitan la competitividad y facilidad para atraer capital, invertir y crear puestos de trabajo, relegando a una nación de enorme potencial, como Argentina, a los puestos finales del índice del World Economic Forum.

Son dos factores casi gemelos que esconden un gasto público que ha actuado como freno de la actividad económica ya que no se planteaba como un servicio para facilitar la actividad económica sino como un fin en sí mismo. Dicho gasto público consolidado alcanzaba en 2016 al 47,9% del PBI, una cifra claramente desproporcionada. Incluso si consideramos el gasto público primario, es decir, excluyendo el coste de la deuda, éste se duplicó entre 2002 y 2017.

Según el Ministerio de Trabajo, el empleo público acapara más del 11% del presupuesto, y solo dos provincias tienen un porcentaje de empleo público inferior al 30% del total. Si tomamos todas las provincias, siete tienen un empleo público que supera al privado –entre un 51% y un 69%- y más del 65% de las provincias tienen un empleo público superior al 40% del total.  El Ministerio de Trabajo estima que con los impuestos se pagan más de 3,5 millones de puestos en la administración nacional, provincial y municipal, una cifra que ha aumentado un 60% desde 2002.

No es exclusivamente un problema de empleo público. Las tres partidas de mayor aumento de gasto público entre 2002 y 2017 son claramente los salarios, la seguridad social y las subvenciones al sector privado, según el Ministerio de Hacienda. Esta tercera parte es muy relevante.

Nos encontramos ante un modelo que ha aumentado desproporcionadamente la presión fiscal a los sectores más productivos para subvencionar a otros y pagar el aumento del empleo público. Es decir, es un modelo fiscal que desincentiva la inversión privada no subvencionada e incentiva a los sectores cazadores de rentas. Así, no es de extrañar que el aumento de la productividad sea muy bajo y que los ingresos fiscales no mejoren mientras los gastos se disparan.

Como los ingresos son insuficientes y la entrada de capitales se deteriora, se financia el agujero vía represión fiscal y represión monetaria a la vez, lo cual desplaza a los sectores de alta productividad, desincentiva la actividad privada y reduce la inversión a largo plazo, ya que el efecto devaluador y el fiscalizador fagocitan las estimaciones más optimistas de ganancia. Y no se solventa con subidas de impuestos. Se recauda menos.

Si miramos a las economías europeas, también podemos comprobar como las subidas de impuestos no solo no han solucionado el déficit fiscal sino que han generado que se retrase la salida de la crisis, y además aumentando el endeudamiento de manera muy importante. Los déficits se han reducido, pero no lo suficiente, y la deuda supera el 89% del PBI.

Un estudio del Centre for European Economic Research (ZEW) alerta del riesgo de pérdida de inversiones en la Unión Europea al obcecarse en mantener una fiscalidad no competitiva y casi confiscatoria donde las empresas y ciudadanos pagan hasta un 40% de sus ingresos en impuestos directos e indirectos.

Las soluciones que se han impuesto en la mayoría de las economías desarrolladas han fallado precisamente por implementar un modelo extractivo que penaliza fiscalmente a la inversión y sectores más productivos para sostener un gasto público excesivo.

Si atendemos a la tendencia global, Estados Unidos muestra que una fiscalidad atractiva orientada al crecimiento genera mejor y más empleo y mayor inversión. Situarse en una fiscalidad tan agresiva como es la Argentina, la más alta de América Latina, supone un efecto negativo y acumulativo. Los sectores que dependen de subvenciones y de los ingresos fiscales se convierten en una fuente extractiva, no inclusiva, en la sociedad. Y la inversión productiva y el empleo privado se resienten.

Todos estos desequilibrios se están manteniendo por el exceso de liquidez y bajas tasas de interés. Pero esos factores externos cambian, y cuando lo hacen, lo hacen de manera abrupta.

La fiscalidad en Argentina debe orientarse a mejorar las bases imponibles y aumentar la inversión productiva y el empleo privado, a la vez que se evalúan los gastos para hacerlos sostenibles. Si no, el ajuste futuro será mucho más doloroso de lo que imaginamos.