Era esencial que el gobierno entienda que estos periodos de calma son los que necesita para llevar a cabo las reformas estructurales, no pensar que “ya ha pasado todo”. Y el nombramiento de Guido Sandleris no ha supuesto el cambio que los argentinos y los mercados esperaban. Un perfil que se percibe como bastante más que continuista, defensor en el pasado de las políticas monetarias que han llevado al país a la estanflación y de los controles de precios que han acabado con la confianza inversora.

Las señales de alarma se mantienen. Las reservas de moneda extranjera de la Argentina se encuentran por debajo del nivel al que estaban tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, las medidas de ajuste deben fortalecerse o el efecto “placebo” de lo anunciado puede volverse en contra del gobierno.

Un factor importante a la hora de entender el aparente periodo de calma visto la semana pasada fue el desarme efectivo de las Lebac. Era importante acabar con esta fuente de inestabilidad monetaria mientras existe una cierta estabilidad en el precio del dólar.

Ahora, el desarme de las Lebac no se puede solucionar con medidas graduales. Sustituir el aumento de masa monetaria en pesos de más de $231.000 millones con mayor deuda en otros instrumentos y, mucho más complejo, reduciendo aún más las reservas de dólares, puede convertirse en un grave efecto embudo. Subir el tipo de las Leliq a 65% no deja de ser una patada hacia delante que no soluciona el problema monetario argentino.

Si el desarme de las Lebac se soluciona vendiendo dólares y extendiendo la deuda a tipos muy altos y ampliar la duración, mientras las necesidades netas de financiación del estado aumentan, en realidad corre el riesgo de dar una patada hacia delante que no funcionaría porque depende de factores externos. Con el bono a 10 años de EEUU por encima de 3,05% y la economía en contracción, acudir a extensiones en duración es una aspirina para una enfermedad mucho más grave.

De hecho, la preocupación entre los analistas internacionales con el nuevo nombramiento en el Banco Central es que el gobierno frene las tímidas reformas estructurales y mantenga una política monetaria que ha sido un fracaso mundial. La reducción del gasto prometida es simplemente insuficiente, en un país que tiene un gasto público tan alto. Por lo tanto, es arriesgado dar una patada hacia delante en el agujero de financiación monetaria porque puede aparecer como un mayor problema en unos meses.

En realidad, una expansión monetaria tan agresiva siempre va a acumular un efecto negativo superior en el medio plazo.

Obviamente, el Banco Central no hace política fiscal pero el gobierno no puede negar que el anuncio de medidas de urgencia es solo una pequeña fracción de un problema muchísimo más grave que se arrastra desde la brutal expansión monetaria de los años de Cristina Fernández de Kirchner.

Esa enorme expansión de la base monetaria y un gasto político que se duplicó en muy pocos años es la razón por la que Argentina va pasando de estanflación a crisis y vuelta a empezar.

El gobierno debe pensar urgentemente en una verdadera dolarización. La convertibilidad no fue dolarizar, fue disfrazar los desequilibrios con una fijación artificial hecha con un tipo de cambio irreal desde el principio. La convertibilidad solo retrasaba la devaluación al esconder el agujero monetario desde una ratio de cambio artificial e irreal.

Dolarizar no es fijar un cambio peso-dólar decidido por el poder político y esperar que el mundo se lo crea. Dolarizar es abandonar una política monetaria que ha destruido la credibilidad del peso entre los propios ciudadanos argentinos. Mis buenos amigos de Argentina son los mejores traders de moneda extranjera del mundo, porque desde chicos aprenden a preservar sus ahorros y el poder adquisitivo de sus salarios vendiendo pesos. Esa destrucción de la credibilidad del peso no es culpa de Macri ni de Dujovne, pero es innegable.

Argentina –igual que ocurría con los ineficientes países periféricos de Europa- no necesita tener flexibilidad monetaria, porque la historia demuestra que el gobierno y el banco central expropian la riqueza y el poder adquisitivo vía inflación y devaluación. Argentina no tiene que preocuparse de que haya menor oferta de pesos cuando aumente la confianza. Es un problema que nunca ha existido en siete décadas. Igual que Italia, España o Portugal,  los defensores de mantener el peso lo hacen negando la realidad de una moneda que no tiene validez como reserva de valor y poder adquisitivo ni para los agentes económicos domésticos ni para los extranjeros.

Dolarizar salvó a Ecuador de una hiperinflación venezolana, y el euro salvó a España de aquellas atroces “devaluaciones competitivas” que nunca mejoraron ni la competitividad, ni el paro estructural ni el modelo productivo. Probablemente tendría un impacto en deuda a corto plazo, pero evitaría la evidencia de impagos y estanflación.

Por supuesto, la dolarización pone en evidencia la necesidad de hacer unos ajustes que unos y otros gobiernos prefieren no hacer. Al fin y al cabo, para un gobierno es más fácil culpar al enemigo externo de la inflación que a su política monetaria. Pero, si no se reconoce la evidencia que cualquier ciudadano argentino conoce, que la confianza en el peso ha desaparecido mayoritariamente por abuso político, entonces la sangría que se ha parado de momento, volverá. El peso no ha muerto ahora. Lo mataron destruyendo el poder adquisitivo de la moneda desde el poder político.

Una nación rica y culta como Argentina no puede seguir empeñada en empobrecerse vía una política monetaria y un sector político extractivos.