Otra vez el país se encuentra bajo emergencia, en esta oportunidad no sólo económica sino de todo tipo. Algo que da cuenta que Argentina encuentra desequilibrios e inequidades que se acumulan desde hace más de 2 o 4 mandatos presidenciales. El impuestazo disfrazado de una ley de solidaridad eleva en torno a 2 p.p. del PBI la presión tributaria. El esfuerzo que se le pide al sector privado está en línea con la situación de fragilidad que presentan las cuentas fiscales.

Corridas apenas dos semanas de gobierno, la nueva administración envió señales contundentes al mercado financiero sobre su intención de sanear las cuentas públicas aún en un contexto de marcada fragilidad social. De ahí que el discurso va por un lado, apelando a la solidaridad de la parte de la sociedad en situación más holgada, y las acciones, reflejadas en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, van por otro. Además de la marcada suba de impuestos, por el texto de la ley se anticipa un atraso de los haberes jubilatorios a raíz de la suspensión de la Ley de Movilidad, habilitando un proceso de desindexación del gasto público.  Habrá que ver cuál es el nuevo esquema de ajuste propuesto.

En el mismo sentido, el Gobierno abrió la posibilidad de ampliar las fuentes de financiamiento con el fin cubrir el gap financiero. Por un lado, volvió a recurrir a la colocación de una Letra al BCRA por US$ 4.571 M para pagar deuda en moneda extranjera. Esta opción ya había sido empleada en varias oportunidades por el kirchnerismo desde 2010 vía la constitución del FONDEA.  Por otro lado, amplió el margen para colocar deuda pública en el FGS elevando el límite de activos públicos de 50% a 70% del total de la cartera.

En total, el Gobierno Nacional contaría con recursos adicionales equivalentes a 1,9% del PBI. No obstante, parte de esta mejora podrá licuarse si se apela al congelamiento de tarifas, algo que todavía no ha quedado claro. El costo fiscal de no habilitar aumentos tarifarios en electricidad, gas y transporte en 2020 equivale a un mayor gasto en subsidios por 0,5% PBI.  Así, Ley de Emergencia mediante, de cara al 2020, el Gobierno Nacional dispondría de recursos netos adicionales por 1,9% del PBI (1,7% por mayores ingresos y 0,2% a partir de menor gasto).

Quedan dudas acerca de la efectividad del plan para lograr una reactivación. Sino más bien,  parece que se buscan dos objetivos bien claros. El primero es mostrar discrecionalidad del gasto para demostrar que el mismo agente que negocia la deuda, maneja el déficit fiscal y por lo tanto la capacidad de pago. El segundo es cortar la inercia inflacionaria. Sobre este punto, si bien es necesario desde el punto de vista macroeconómico, elimina la posibilidad de que las jubilaciones que ya devengaron un aumento de más de 25% tengan recomposición asegurada por sobre la inflación. 

El programa integral del Ministro Guzmán dista mucho de ser la ley de emergencia. Queda por resolver qué política cambiaria y monetaria adoptará la Argentina, cuál es el sendero del gasto, déficit y crecimiento, buscado para hacer sostenible la deuda pública y fundamentalmente falta saber qué va a suceder luego de los 180 días donde se congelan tarifas y la ley de movilidad jubilatoria.

*Economista UBA, Máster en Finanzas UCEMA y Profesor UBA Macroeconomía. Es Director de LCG Consultora. Twitter: @guido_lorenzo