En el marco de la primera sesión ordinaria del año, la Legislatura bonaerense convirtió en ley la emergencia para empresas recuperadas y el traspaso de fondos para programas de viviendas y de género. El Senado provincial otorgó la media sanción tanto para el proyecto de ayuda tarifaria y financiera a las empresas del sector, como también para fortalecer los programas de viviendas sociales y políticas de género.

En el caso de los programas de vivienda, se trata de una serie de modificaciones a las leyes 14.393, 12.511 y 15.310, orientadas a destinar fondos para los programas de infraestructura. Las normativas regulan el funcionamiento del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires (PROMEI), el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y el Fideicomiso del Programa “Desendeudadas”.

En su esencia, la ley establece que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial pueda financiar a personas humanas para la “construcción, ampliación, terminación o refacción de viviendas”, y, por último, se corrigen algunos detalles formales del Fideicomiso del programa Desendeudadas.

Por otro lado, también fue aprobada la mentada emergencia para empresas recuperadas, iniciativa que busca dar respaldo de recursos a las Pymes del sector, cuyo sostén se vio afectado por la parálisis productiva devenida de la cuarentena por COVID19.

“La crítica situación actual pone en serie riesgo a estas empresas como fuentes productivas y de acceso a derechos para sus integrantes y para la comunidad en general. Esta realidad impacta en casos de empresas recuperadas consolidadas en el tiempo, pero también en casos que se han sumado como esfuerzo de trabajadores por sostener los puestos de trabajo en este grave escenario”, describen los considerandos de la iniciativa oficial.

Entre otros puntos, la emergencia contempla la suspensión de las ejecuciones de desalojo, prohíbe el corte de los servicios públicos a las empresas recuperadas y les ordena un plan de facilidad de pagos. También declara de interés provincial a las empresas recuperadas por parte de los trabajadores.

Asimismo, se plantea que la ley de emergencia para empresas recuperadas sea por dos años, con posibilidad de ser prorrogada por el mismo periodo.

La iniciativa, busca visibilizar la grave situación que se atraviesan las empresas recuperadas, para proveer a la asistencia y trato diferencial que se requiere.