En medio de la mentada lucha contra la inflación que impulsa el Gobierno, un referente peronista del interior bonaerense presentó un proyecto en el Senado provincial para que los municipios puedan controlar los precios en sus territorios. La iniciativa busca dar la potestad a los distritos de controlar los precios y sancionar a los comercios que no cumplan con los acuerdos establecidos y la Ley de los derechos de Usuarios y Consumidores.

Se trata del proyecto de Ley de Precios Justos, promovida por Francisco “Paco” Durañona, senador y ex intendente de San Antonio de Areco, quien presentó el proyecto en la Legislatura bonaerense junto a la titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta, Teresa García. Allí también estuvo presente la presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek y el legislador Adrían Santarelli.

Durañona explicó que el proyecto nace de la necesidad de adecuarse a “esta época en que el rol de los municipios juega un papel preponderante y para eso se requieren las herramientas institucionales que permitan y garanticen a sus comunidades y vecinos el acceso pleno a todos sus derechos”.

Asimismo, explicó que “es imposible que la Secretaría de Comercio Interior controle, inspeccione y sancione a cada supermercado y comercio de cercanía de cada uno de los 135 municipios”.

“Si hay abusos detectados en los precios acordados, qué mejor que la denuncia de los vecinos que son los consumidores ejerciendo sus derechos  y qué mejor que los equipos de los municipios que ya tienen tradicionalmente sus áreas de inspección que controlan y visitan a los supermercados, para sumarle el cuidado de los bolsillos de las y los consumidores”, agregó el legislador peronista.

La iniciativa propone que “el mejor inspector sea el vecino que va a realizar la denuncia en la delegación municipal o en las oficinas de defensa al consumidor”, reiteró Durañona al tiempo que profundizó sobre la normativa.

“Se incorporan estas facultades a la Ley de Defensa de Consumidores, se garantiza el cumplimiento de Ley de Abastecimiento en cada municipio con roles y facultades sancionatorias en manos de los municipios y se aumentan los montos de sanción que van desde apercibimientos, llamados de atención, clausuras, hasta multas que llegan a los 10 millones de pesos con fórmulas de actualización”, agregó.