¿Quién es responsable de las escuelas cerradas en La Plata?

La semana pasada volvieron las clases presenciales en los municipios del AMBA, y en La Plata estalló el escándalo porque decenas de establecimientos no pudieron abrir sus aulas para que los estudiantes volvieran a poblarlas. Mientras el Intendente Julio Garro criticaba en Twitter la suspensión de las pruebas APRENDER, sacando a relucir una vez más su demagogia discursiva en torno a la educación, miles de niños, niñas y adolescentes platenses se quedaban sin su vuelta al colegio por cuestiones tan básicas y tan previsibles como el mantenimiento y encendido de estufas en pleno invierno. Representantes del FDT en el Consejo Escolar platense confirmaron a Diagonales que de los 317 establecimientos educativos del municipio que debían retornar a la presencialidad, sólo lo hicieron 255. Al día de hoy, unas 62 escuelas platenses continúan cerradas por falta de mantenimiento, y la pregunta que surge instantáneamente es: ¿quién es responsable?

Lo primero que hay que decir con respecto al tema del mantenimiento de los edificios escolares es que no se trata de una cuestión sencilla. Hoy por hoy no hay una clara distinción de competencias y responsabilidades de las distintas instancias del Estado que se encargan de las cuestiones edilicias escolares en la Provincia de Buenos Aires, tal como lo refleja un informe del Observatorio de Calidad Educativa titulado “Los Fondos de Infraestructura Escolar: el financiamiento en una telaraña”, dirigido por el ex Concejal platense Luciano Sanguinetti. En dicho informe se repasa la historia reciente del financiamiento a la educación en el país, resaltando la Ley Nacional de Educación del 2006 y la Ley de Financiamiento Educativo del 2005, que estableció la meta de financiamiento del 6% del PBI para la educación para el año 2010. Ya en 2009 ese objetivo se había alcanzado y hasta superado, llegando ese año a destinarse un 6,4% del PBI a financiar el sistema educativo. Así se mantuvo hasta el 2015 cuando, a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos, ese porcentaje comenzó a descender registrando una caída de 1.5 puntos porcentuales en el período 2015-2019.

Pero más allá de ese indicador general, el informe del Observatorio recorre las distintas vías institucionales por las que ese financiamiento para infraestructura llega efectivamente a las escuelas. En la Provincia de Buenos Aires, esa distribución se ejecuta a través de tres instancias: lo que destina directamente la Provincia a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE); lo que reciben los municipios a través del Fondo de Financiamiento Educativo que el gobierno provincial descentraliza y transfiere a los distritos para que lo ejecuten; y lo que reciben los Consejos Escolares a través del Fondo Compensador de Mantenimiento de los establecimientos educativos, que también es girado por la provincia a los 135 Consejos Escolares.

En la sumatoria de esas tres instancias, el informe revela que en 2020 la Provincia destinó unos 16.000 que podrían haber llegado a la infraestructura escolar, y plantea la pregunta sobre por qué tantos establecimientos en tantos distritos se sostienen en condiciones edilicias tan deficientes. La respuesta que encuentran es que, si bien los recursos están, no hay una distinción clara sobre qué responsabilidades le compete a cada una de esas instancias, lo cual termina resultando en que muchas veces nadie termina haciéndose cargo. Y una solución posible que se arroja es la distinguir entre gastos corrientes y cotidianos, de los cuales deberían hacerse cargo los Consejos Escolares, gastos estructurales de mantenimiento que deberían afrontar los municipios con el Fondo Educativo, y los gastos mayores como la construcción de nuevas escuelas que dependerían de la DIPE.

LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA PROVINCIA EN 2020

El planteo del observatorio cobra mucho sentido cuando se desagregan los presupuestos del 2020 de las tres instancias mencionadas. El presupuesto provincial del año pasado se gestionó a partir de una prórroga del presupuesto 2019, donde la asignación prevista para la infraestructura en los establecimientos educativos era de 1.395 millones. El Gobierno de Axel Kicillof incrementó esa partida en un porcentaje cercano al 100%, llevándola a los 2.744 millones. Finalmente, en el marco de la emergencia social producto de la pandemia, la cifra efectivamente ejecutada fue aún mayor, y alcanzó los 3.500 millones de pesos. En otras palabras, la inversión en infraestructura escolar dependiente de la provincia fue en 2020 un 250% mayor a lo estipulado en el presupuesto para ese año.

Por otro lado, el Fondo de Financiamiento Educativo distribuyó entre los 135 municipios un total de 12.678 millones de pesos en 2020, mientras que el Fondo Compensador para Mantenimiento de los establecimientos educativos distribuyó unos 1.074 millones entre los 135 Consejos Escolares. De las distintas magnitudes de estos fondos de financiamiento que llegan directamente a cada distrito se desprende una perspectiva lógica sobre qué cuestiones podrían y deberían atenderse con cada uno de ellos. Mientras que los recursos de los Consejos Escolares podrían ser pensados, como plantea el informe, como una suerte de “caja chica” para las urgencias más cotidianas, el Fondo Educativo aparece como la principal herramienta de financiación para solucionar la problemáticas más estructurales en las escuelas de cada municipio.

Entonces, la pregunta sería: ¿Cómo se administraron estos recursos por parte de la gestión de Julio Garro en La Plata, para que se llegara a la situación actual de escuelas que no pueden abrir sus aulas por problemas edilicios?

203 MILLONES DEL FONDO EDUCATIVO QUE NO FUERON A LAS ESCUELAS EN 2020

El llamado Fondo Educativo es una partida de recursos que la Provincia recibe de la Nación y que reasigna automáticamente a los 135 municipios en función de variables como la cápita total de estudiantes, establecimientos educativos, etc. Es decir, son recursos que llegan directamente a los ejecutivos municipales para ser ejecutados por éstos con fines educativos. Se trata de un fondo de afectación específica, lo cual quiere decir que no puede ser utilizado para otras finalidades que no tengan que ver con la educación. Así lo estableció la Ley 14.652 de Presupuesto General de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio 2015, donde se estableció el destino de este fondo para “cubrir gastos estrictamente ligados finalidad y función de la educación”. En consonancia con esto, el Tribunal de Cuentas de la Provincia estableció en la Resolución 10/14 los alcances y usos que los municipios pueden hacer de estos recursos. El artículo 2 de dicha resolución plantea que “Los Municipios podrán utilizar los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo para el ejercicio 2015 en: a) Construcción y/o mantenimiento de infraestructura escolar de gestión estatal en cualquiera de los noveles del estado; b) Generación de programas de capacitación y apoyo pedagógico destinados al mejoramiento de la calidad educativa y a evitar la deserción escolar; c) Adquisición y/o mantenimiento de equipamiento escolar; d) Cualquier otra finalidad estrictamente educativa. En síntesis, se trata de recursos girados directamente desde el Estado Nacional a la Provincia, que los asigna automáticamente a los ejecutivos municipales para inversiones únicamente en materia educativa.

En La Plata, la gestión de Julio Garro comenzó con una muy baja ejecución este fondo. En el año 2016 se ejecutó alrededor de un 7%, y en 2017 cerca de un 15%. El ex Concejal por el Frente Renovador Luciano Sanguinetti fue uno de los principales impulsores de una mayor y más transparente ejecución de estos recursos, y propuso para ello la creación en el seno del Concejo Deliberante de una comisión de seguimiento del Fondo Educativo. La comisión se creó para el 2018 con Sanguinetti como presidente de la misma, y ya ese año se logró una ejecución del fondo en torno al 80%, un alcance que se aumentaría incluso en 2019.

En 2020 la pandemia sorprendió al mundo y en la PBA, como en otros distritos, las clases se desarrollaron íntegramente en forma virtual. La oposición a los gobiernos nacional y provincial hicieron bandera de la presencialidad y la necesidad de la vuelta a las aulas para criticar al oficialismo, críticas que se trasladaron al presente año electoral. Sin embargo, así como durante los años en que la actual oposición fue gobierno los presupuestos educativos cayeron estrepitosamente, tanto a nivel nacional como en la PBA, tampoco la gestión de Julio Garro parece haberse ocupado en los hechos y más allá de su demagogia discursiva y mediática de generar las condiciones propicias para esa presencialidad que tanto pregona.

En concreto, La Plata recibió cerca de 450 millones de pesos en 2020 a través del Fondo Educativo, de los cuales dejó 203 millones sin utilizar. La reciente rendición de cuentas municipal sobre el ejercicio 2020 arrojó los números exactos de $449.077.592,83 girados por la Provincia a través del Fondo Educativo, y una subejecución de $203.712.361,21. Dicho de otra manera, aproximadamente el 45% del dinero recibido por el Ejecutivo municipal para ser invertido en la educación quedó sin utilizarse. Esos 203 millones de pesos podrían haberse utilizado, por ejemplo, para encender y reparar las estufas de los colegios que este invierno no pudieron encenderse, lógicamente luego de estar más de un año apagadas y sin mantenimiento.

Cabe resaltar en este punto que los casi 450 millones recibidos convirtieron a La Plata en el segundo distrito que más recursos recibió en 2020 por el Fondo Educativo, solamente superado por La Matanza, que percibió 1.049.796.799. Como se mencionó, esos fondos se giran automáticamente y no pueden ser utilizados con otra finalidad, por lo cual, al no haber sido utilizados, deberían haber quedado en las arcas municipales para este año. Es decir, son millones de pesos que el municipio debería tener disponibles hoy en día, y que podría destinar rápidamente a solucionar las problemáticas edilicias que mantienen cerrados 62 establecimientos educativos del distrito.

Pero el problema no es solo la subejecución, sino una lógica de gestión municipal en la que no se dan explicaciones sobre la utilización de los recursos de los y las platenses. Así lo demuestra el hecho de que la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo haya sido el año pasado, y que la oposición del FDT reclame permanentemente por información sobre la utilización de esos recursos sin respuesta alguna por parte del Ejecutivo. El bloque del FDT presentó en HCD un pedido de informe a principios de este año solicitando información sobre la ejecución del Fondo Educativo en 2020, solicitud que no fue respondida por el oficialismo. El pasado 14 de mayo, la Concejala Yanina Lamberti presentó otros tres proyectos de resolución, solicitando información sobre la ejecución de los recursos del fondo en lo que va del año, pidiendo que se convoque a la Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo que sigue congelada desde el 2020, y solicitando que el Departamento Ejecutivo se dirija al Consejo Escolar para brindar información sobre los montos recibidos en lo que va del año y en qué se utilizaron. Por supuesto y como ya es costumbre, el oficialismo de Garro no acusó recibo ni emitió respuesta alguna a estas solicitudes.

De esta manera, no hay información sobre cómo ni en qué porcentaje se vienen ejecutando por parte del municipio estos recursos, que para todo el 2021 ascienden a $627.485.197, de los cuales ya se deberían haber percibido al menos la mitad, y sin contabilizar lo que no se ejecutó el año pasado y que también debería estar disponible. Al respecto, el Concejal del FDT Ariel Archanco le expresó a Diagonales que “resulta llamativo que a esta altura haya escuelas con problemas tan básicos sin solucionar y el municipio no se haga cargo de su parte. Escuchar durante toda la Pandemia al Intendente Garro pidiendo la vuelta a clases presenciales y hoy encontrarnos con más de la mitad de los establecimientos educativos de La Plata sin calefacción ni condiciones estructurales óptimas para recibir alumnos, resulta contradictorio. Los vecinos y vecinas platenses merecen hechos concretos, y esperamos que en los próximos días todas las escuelas estén en condiciones, porque el municipio tiene el dinero para solucionarlo”.

CONSEJO ESCOLAR: SIN INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS, Y LA RENUNCIA DEL TESORERO

Desde el FDT denuncian la misma lógica de falta de información y transparencia institucional en el ámbito del  Consejo Escolar. El mismo está compuesto por 10 consejeros, con mayoría del oficialismo que tiene 6. Uno de ellos, Marcelo Zarza Montes, ostentaba hasta la semana pasada, los cargos de Tesorero y titular de la Comisión de Infraestructura. Como le manifestaron a Diagonales desde el FDT, “era quien manejaba todo en relación a las inversiones en general, y la infraestructura en particular”. El escándalo de la semana pasada decantó en la renuncia de Zarza Montes a la Tesorería y a la titularidad de la comisión, señalado como responsable necesario de las subejecuciones de los recursos percibidos por el Consejo. Aunque funcionario de Juntos por el Cambio no abandonó su cargo como Consejero, habría presentado una carpeta médica y ya no concurriría a ejercer funciones.

El pedido de informe presentado por Lamberti en mayo plantea que al menos unos 70 millones de pesos se encontraban sin ejecutarse hasta ese momento, y que se evidenciaban demoras en el pago a proveedores y atrasos en la realización de obras clave. Ante la renuncia de Zarza Montes, el Consejero del FDT y actual Vicepresidente del Consejo, Emanuel Insaurralde, será quien asuma la titularidad de la Tesorería.

Queda claro que, más allá de los discursos rimbombantes en torno a la importancia de la educación del Intendente Garro, el Ejecutivo platense desaprovechó el 2020 como posibilidad para mejorar las condiciones edilicias en los establecimientos educativos del municipio. Recursos tuvo y tiene, aunque tampoco informe en qué porcentaje se vienen ejecutando ni con que finalidades. Tanto desde el Fondo Educativo como desde el Consejo Escolar, el oficialismo es responsable por el estado actual de las escuelas del distrito, y si continúa con su lógica de subejecuciones y falta de transparencia institucional en la administración de los recursos, difícilmente esa situación vaya a modificarse en el futuro cercano.

UN PROYECTO PROVINCIAL PARA CLARIFICAR LAS RESPONSABILIDADES EN TORNO A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

Está claro también que este problema no es nuevo, ni atañe únicamente al municipio de La Plata. Tal como expresa el informe del Observatorio de Calidad Educativa conducido por Luciano Sanguinetti, el financiamiento a la infraestructura escolar se encuentra en una telaraña de grises en cuanto a las responsabilidades, competencias y atribuciones entre las distintas instancias del Estado intervinientes en la materia. Es por ello que parte de repensar el sistema educativo bonaerense debe pasar necesariamente por ordenar esta cuestión en términos institucionales, esclareciendo quién es responsable de cada uno de los niveles de intervención.

En este sentido, el Diputado Provincial por el FDT y Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia, Pablo Garate, presentó un Proyecto de Ley en julio del 2020 en el que se establece que “La infraestructura escolar en la Provincia de Buenos Aires será competencia de La Dirección General de Cultura y Educación, los Municipios y los Consejos Escolares, en orden al tipo, monto y envergadura de la obra que se trate”. En diálogo con diagonales, Garate explicó que “son recurrentes las situaciones en las que hay obras que son urgentes y no termina de estar claro a quién le corresponden. Por eso, nuestro proyecto lo que busca es ordenar las jurisdicciones y las competencias para determinar lo que le corresponde al Consejo Escolar, lo que le corresponde al Municipio a través del Fondo Educativo, y lo que le corresponde al Gobierno provincial”. Y agregó “vemos municipios donde los oficialismos comparten con la oposición cuáles son las obras prioritarias y otros que no tienen esa actitud, como también municipios que pagan cosas increíbles con el Fondo Educativo y otros que hacen las cosas muy bien, y como todos son recursos del Estado, es necesario ordenar esas situaciones”.

En el proyecto se estipula que “Los Municipios de la Provincia tendrán a su cargo el mantenimiento estructural de los establecimientos educativos que se encuentren en su territorio”. Si bien no se define con exactitud qué se considera un mantenimiento estructural ya que, como explica Garate, eso debería ser reglamentado por un Decreto en caso que se sancionara la Ley, y debería ser fruto de consensos, parece bastante evidente que en un caso como el de La Plata, la responsabilidad de tener estufas funcionando en pleno invierno no podría ser de nadie más que del propio municipio.

Garate fue autor del proyecto de Ley emergencia en infraestructura educativa en la Provincia durante la gestión de Vidal, que tuvo media sanción en Diputados pero quedó sin aprobarse por falta de impulso de oficialismo de ese momento. En relación a las competencias de los municipios, Garate plantea que “nuestro proyecto pretende ordenar lo que respecta a la utilización del Fondo Educativo, pero no para sacarle facultades a los Intendentes que son quienes están y conocen el territorio, sino para orientar a que el fondo efectivamente llegue a la educación permanentemente”. Por otro lado, resalta algo que la realidad actual de La Plata también muestra como necesario y urgente: “hay que trabajar fuertemente en que los consensos para determinar cuáles son las obras estructurales prioritarias lleguen, y esas obras sean parte de la agenda, porque sino todo termina dependiendo de cómo se gestiona políticamente”.

La discusión sobre la infraestructura escolar y el sistema educativo en general  es profunda y de larga data, y deberá ser abordada con seriedad ni bien la pandemia afloje y pueda sacarse un poco el foco de lo urgente para ponerlo en lo estratégico. Se necesitarán construir consensos, puesto que las reformas necesarias son muy profundas. Para ello, será preciso abandonar los manejos marketineros y electoralistas de expresar en el plano mediático lo que no se cumple en el plano de la gestión. Y en eso el oficialismo platense deberá revisar sus prioridades, si de verdad quiere aportar a una mejor calidad en la educación del municipio y en la provincia. La realidad del distrito muestra otra cara, y la gestión de Julio Garro no puede echarle la culpa a nadie.