El Concejo Deliberante de Chivilcoy vive horas convulsionadas tras el pedido de 10 ediles de remover a las autoridades del cuerpo que asumieron en diciembre del año pasado a partir una alianza política entre el randazzismo y Unidad Ciudadana. La que está en el ojo de la tormenta es la Presidenta del HCD, Claudia Bogliolo (Cumplir), a quien se le adjudican una serie de errores que ayer desembocaron en el pedido de sesión especial para tratar su remoción. Desde el Justicialismo local denunciaron “golpe institucional”.

Diagonales habló con el concejal del Frente Renovador, Lucas Burgos –alineado con el intendente Guillermo Britos- quien detalló una “seguidilla de errores” de Bogliolo y planteó que “la gota que rebalsó el vaso” se produjo en la última sesión del Concejo en la que se trató el revalúo fiscal y la Presidenta votó en contra de un acuerdo al que había adherido y firmado 10 días atrás junto a ediles opositores y el Ejecutivo.

“Se había firmado un acuerdo por un tema de tasas con el intendente y con los distintos bloques donde participó la presidenta Bogliolo y su par de Cumplir Patricia Mangino. Además de dos concejales de Cambiemos y los oficialistas. Y llegado el momento de votar en la sesión, Bogliolo desconoce ese acuerdo y vota lo contrario al acta que había firmado”, detalló Burgos.

Y agregó: “Eso generó el enojo de los distintos bloques, también de su compañera de bloque Mangino. A partir de ese episodio, 10 concejales (7 del FR, 2 Cambiemos y 1 Cumplir) pidieron una sesión especial para este jueves a las 21 hs. con el objetivo de “revocar la designación de presidente, vicepresidente primero, vicepresidente segundo y secretario de este Honorable Concejo Deliberante arribada el 7 diciembre 2017”.

En tanto, desde el Justicialismo local y la Juventud Peronista de Chivilcoy tildaron al pedido de “golpe institucional” y “atropello a la democracia” y denunciaron que Bogliolo “viene recibiendo actitudes de autoritarismo por parte del oficialismo” que encabeza Britos.

Sin embargo, desde el Frente Renovador plantearon que “no se trata de un golpe institucional”, si no de un mecanismo que “está previsto en la ley orgánica de municipalidades y se ha visto muchas veces esto en la Provincia”.

 “La única forma de mantenerse en la presidencia es cuidando el cargo”, apuntó Burgos.