El intendente de General Pueyrredon, Carlos Arroyo, manifestó en varias oportunidades que el Concejo Deliberante “le pone palos en la rueda”; por su parte, desde el legislativo sostuvieron que Arroyo “avasalla las instituciones”. Ambos sectores coinciden en que la mala relación entre estos poderes genera un clima de tensión que dificulta el buen funcionamiento de la gestión municipal.

Los motivos de conflicto son muchos y variados. Ésta es la crónica de un desencuentro.

Reencasillamiento de los trabajadores del HCD

Uno de los primeros cortocircuitos fue por el reencasillamiento de los trabajadores de planta permanente del Concejo Deliberante en septiembre del año pasado. A pesar de haber un Decreto del Presidente del HCD que lo autorizaba, el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, decidió no aplicar esa norma y desconocer esos reencasillamientos a la hora de liquidar los haberes. Esta situación derivó en la retención de tareas del personal del Concejo lo cual generó que no hubiese sesiones por dos meses.

En una conferencia de prensa el presidente del cuerpo deliberativo, Guillermo Sáenz Saralegui, sostuvo que existía “un problema de institucionalidad, nunca había ocurrido, desde el inicio de la democracia, que no se respetara un decreto del presidente del Concejo”. En esa ocasión Saralegui estuvo acompañado por los ediles de la UCR, Coalición Cívica, Pro, Acción Marplatense, Un país y Unidad Ciudadana, quienes denunciaron “un avasallamiento del Ejecutivo municipal.”

Finalmente Arroyo acató la decisión del Concejo Deliberante y se pudo volver a sesionar. Sin embargo en el tiempo que duró el conflicto prácticamente todos los concejales repudiaron las actitudes del intendente y el secretario de Hacienda.

Audiencia pública por el Presupuesto

Otro foco de conflicto se vive actualmente con el tratamiento del Presupuesto y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva. Si bien los proyectos ingresaron al Concejo Deliberante el 31 de octubre de 2018, aún no fueron aprobados. Más allá de la interna política, hay una situación formal que impide su tratamiento: según lo establecido en la Ordenanza 12336, antes de aprobar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, se debe realizar una audiencia pública informativa. En diciembre del año pasado el personal municipal llevó adelante una retención de tareas por la discusión paritaria que duró casi un mes; en el marco de ese conflicto el Ejecutivo convocó a la Audiencia Pública para el día 26 de diciembre.

Como la Municipalidad estaba prácticamente detenida y en apoyo a los trabajadores, ese día no se presentó ningún orador, ni acudieron los concejales. Sin embargo, el secretario de Hacienda argumenta que llegó al recinto a las 16 horas y que al no haber oradores o concejales se retiró. Por lo tanto para Mourelle el acto ya fue realizado y se niega a citar a la Audiencia Pública. Ante esta situación, la mayoría de los concejales de la Comisión de Hacienda planteó que hasta que no haya una nueva convocatoria no se tratará el presupuesto. Esta voluntad se la expresaron al Intendente en una carta pero desde el Ejecutivo insisten en que el acto administrativo ya fue realizado.

Para la concejal de Unidad Ciudadana Virginia Sívori “no es un dato menor que lo que incumple el Ejecutivo sea la obligación de contarle a la sociedad de qué se trata el presupuesto; quieren evitar el espacio donde la comunidad puede preguntar y opinar sobre este tema”.

Designación de Jueces de Faltas

El 24 de abril, la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires le explicó a Arroyo que “no resulta jurídicamente viable que por Decreto del Departamento Ejecutivo se realicen designaciones en comisión, o en forma interina, para cubrir los Juzgados de Faltas N°2 y N°5”. Sucede que los jueces que estaban a cargo se jubilaron y aunque el intendente elevó hace más de un año los nombres propuestos al Concejo Deliberante para su tratamiento, el Legislativo aún no resolvió sus designaciones. Por tal motivo el jefe comunal tenía la intención de nombrarlos por Decreto, pero el Organismo Asesor provincial desestimó esta propuesta y confirmó la potestad del Deliberativo para esta tarea.

“El intendente tiene algún tipo de desprecio por los organismo democráticos, en distintas ocasiones con sus decretos pasa por encima de las facultades del Concejo Deliberante”, explicó el concejal Santiago Bonifatti. En este sentido el intento de nombrar a los Jueces de Faltas “es un ejemplo más de su metodología: si no cuenta con los votos para obtener los resultados busca acortar caminos. Así no respeta la división de poderes y atenta contra los organismos de la democracia”.

Modificaciones de Pliegos y Licitaciones

En las últimas semanas se conocieron dos Acuerdos Transaccionales que firmó el intendente con representantes de empresas que tienen la concesión de Unidades Turísticas Fiscales. Se trata de Hermitage SA (Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage) y Playa Azul (Estacionamiento del Complejo Playa Grande). Si bien ambos casos tienen particularidades, los dos demuestran una conducta común.

En el caso del Estacionamiento, el plazo para realizar la obra según el Pliego de Bases y Condiciones estaba vencido y el Ente de Turismo comenzó el proceso de infracciones establecidos en la norma. Primero aplicó una primera infracción (multa15% del canon), luego una segunda (30%) y cuando todo se encaminaba a la tercera infracción, es decir la caducidad de la concesión, el Ejecutivo solicitó el expediente. Arroyo decidió firmar el Acuerdo Transaccional 685/19 que desestima lo actuado por el Emtur, modifica las obras comprometidas por pliego, otorga un nuevo plazo para realizarlas y además le habilita rubros que estaban prohibidos para esa UTF. De este modo, el intendente permitió que en un predio que fue licitado para que se estableciera un estacionamiento y comercios vinculados al automóvil, se pueda radicar un boliche bailable.

Por su parte, el Acuerdo Transaccional 761/19 modificó el uso de dos de los tres balnearios concesionados del Paseo Las Toscas y Paseo Hermitage y aumentó el canon que debe pagar la firma Hermitage SA. A este convenio se llegó luego de la decisión de Arroyo de decretar la caducidad de la concesión y la posterior marcha atrás en esta decisión.

En ambos casos se evidencia que dos pliegos aprobados por el Concejo Deliberante son modificados por el Ejecutivo sin que estos actos administrativos pasen por el Legislativo. “A veces no sabemos dónde se toman las decisiones”, sostuvo la concejal radical Cristina Coria. “Hay áreas que toman decisiones que no son de su incumbencia. Lo hemos visto en el caso de estos Acuerdos Transaccionales que se firman a espaldas del Ente de Turismo, que es quien tiene en exclusividad el tratamiento de las Unidades Turísticas Fiscales. Eso genera incertidumbre, no hay un marco de certeza y no le hace bien a la institucionalidad”.

En este sentido Coria destacó que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativos “lamentablemente es mala y eso va en perjuicio de la ciudad y los vecinos. En muchos temas el intendente está mal asesorado, hay falta de diálogo y eso se nota”.

La Bonificación docente y el conflicto de poderes

Uno de los conflictos más duros que lleva adelante Carlos Arroyo es con los docentes municipales. El Sistema de Educación Municipal es el más grande del país y desde 1989 sus docentes cobraban una bonificación que equiparaba su sueldo al del resto de los trabajadores municipales. A finales de 2018 Arroyo y su secretario de Educación, Luis Distéfano, decidieron reducir el monto de la bonificación modificando una Ordenanza, lo que derivó en paros y retenciones de tareas.

En ese marco, el Concejo Deliberante decidió modificar la Ordenanza original, dejando sin efecto el Decreto de Arroyo. Ante esta situación el intendente vetó esa Ordenanza, la cual volvió a ser aprobada por insistencia en una sesión espacial convocada para interpelar a los secretarios de Educación y Hacienda.

Frente a esta derrota legislativa, una ordenanza aprobada por insistencia no puede ser nuevamente vetada, el Ejecutivo municipal decidió impulsar una demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia contra el Concejo Deliberante, a través de la cual planteó la existencia de un presunto conflicto de poderes.

Si bien el organismo judicial resolvió suspender los efectos de las ordenanzas hasta que se dicte sentencia, lo que demuestra este conflicto es la dificultad de definir los límites de los poderes en la gestión de Carlos Arroyo. Aún no se arribó a una solución, el tema sigue judicializado en distintas instancias por los docentes, pero lo que interesa destacar aquí es la decisión del Ejecutivo de recurrir a la Suprema Corte frente a decisiones del Legislativo.

Los vetos de Arroyo

Desde el comienzo de su gestión, Carlos Arroyo ha recurrido a una herramienta que es legítima de sus funciones pero que genera severas discusiones: el veto. “Es cierto que vetar una Ordenanza está dentro de las facultades del intendente pero hay que tener en claro que es una decisión política”, sostuvo el concejal de Un País, Ariel Ciano. Desde el 10 de diciembre de 2015 el intendente vetó 21 Ordenanzas, muchas de las cuales fueron luego aprobadas por insistencia. El anterior jefe comunal, Gustavo Pulti, en 8 años de gestión emitió sólo 9 vetos y su antecesor, Daniel Katz, 25 pero en 6 años.

Más allá del dato estadístico para Ciano “hay que ver qué se veta y por qué”. En este sentido el concejal destacó que Arroyo “vetó una Ordenanza que generaba un programa de educación sexual para jóvenes a través de redes sociales, ha vetado condonaciones a clubes sociales de deudas que para el Municipio son ínfimas y para los clubes son la posibilidad de subsistir. Es un intendente que no escucha, que desconoce que las Ordenanzas son fruto del consenso  y cree que puede gobernar sólo”.

En estos tres años y medio de gestión, Carlos Arroyo ha entablado conflictos con diversos sectores de la ciudad. Con el Concejo Deliberante la relación ha sido particularmente dificultosa y hay numerosos casos que demuestran que Ejecutivo y Legislativo están lejos de ponerse de acuerdo en el rumbo que debe tomar la gestión de Mar del Plata.