Envalentonado por su vínculo con la Casa Rosada, y su papel estelar para la contienda electoral en la Provincia de Buenos Aires, Diego Valenzuela abrió un nuevo y polémico capítulo a su gestión en Tres de Febrero.

Como ya se había detallado en el mes de marzo, el ex compañero de facultad de Javier Milei logró pasar la venta de terrenos públicos en los barrios de Ciudad Jardín, Pablo Podestá y Caseros, mientras crecían las sospechas de que ell proyecto beneficiaría a empresas con vínculos cercanos al gobierno municipal. 

La novedad en este caso es que el Concejo Deliberante de Tres de Febrero aprobó un convenio de cooperación legal entre el Municipio y la Facultad de Derecho de la Universidad Austral por 46 millones de pesos. Crecen las especulaciones por el vínculo entre el Palacio municipal y la casa de estudios que responde al Opus Dei.

“Buscan intentar ordenar el desastre que hicieron con las ordenanzas, la forma en la que las trataron, que las quisieron tratar en sesiones extraordinarias, y que convocaron a audiencias públicas de una manera totalmente poco transparente”, planteó a Diagonales el concejal de Unión por la Patria Juan Debandi.

“Fue increíble ver cómo supuestamente ningún vecino, vecina o institución intermedia, preocupados por el tema se hubieran podido anotar”, añadió. Debandi sostuvo en ese proceso se hicieron tres audiencias públicas en tres expedientes, y que “llamativamente” no había “ningún inscripto, cero consultas”.

La indignación por parte de numerosos grupos de vecinos llevó a la judicialización de las medidas para cada uno de los espacios verdes que se ven afectados por este proyecto de enajenación de inmuebles dispuesto en las ordenanzas municipales N°3714, 3715 y 3716. Los casos están en estudio en distintas instancias y se esperan próximos fallos.

El blanco de las críticas al plan oficial se basa en la construcción de torres en los barrios que violarían el código urbanístico y, que esto se realiza sin informes de impacto ambiental ni obras de infraestructura necesarias.

“Las ordenanzas tienen desde nuestro punto de vista vicios jurídicos directos. La de Caseros con la ley N°15.939, la de Ciudad Jardín en el marco de una serie de disposiciones que obviamente como mínimo lo que quieren hacer no respeta el espíritu de la donación de esa tierra. En el caso de Alto de Podestá ni siquiera se pudo todavía escriturar una casa. La venta de la tierra estaba absolutamente ligada a eso. Los espacios verdes tendrían que ser para generar ámbitos comunitarios de esa índole y un montón de proyectos, y de repente se organizan en varias cuestiones principalmente para el desarrollo del negocio inmobiliario privado”, completó Debandi.

Además de la polémica por el uso de las tierras, lo que está semana fue aprobado en el Concejo Deliberante con 14 votos afirmativos contra 9 negativos es el convenio con la Universidad Austral, y en particular con el actual decano de Derecho de la institución, Gabriel Astarloa. 

Este acuerdo, de acuerdo a la oposición, pasó por alto el rol de la Universidad de Tres de Febrero para la cooperación técnico-legal que el propio municipio podría llevar a cabo "sin necesidad de tercerizarlo a una universidad privada". Tampoco  se puso en consideración la utilización del equipo jurídico del propio municipio.

“Esos 46 millones que se van a gastar que es dinero de los vecinos y vecinas habría que invertirlo en seguridad, en arreglos de calles plazas que cuando llueve se inundan, pero ya conocemos que es lo que le interesa a Valenzuela, vender y privatizar”, aseveró el edil peronista Hugo Curto a este medio.