La reciente imputación del exintendente de La Plata, Julio Garro, por parte de la Justicia generó un importante revuelo en el ámbito político y social de la provincia de Buenos Aires. Garro es acusado de formar parte de una asociación ilícita que estaría relacionada con la autorización irregular de 400 barrios privados en la ciudad.

Este hecho llamó la atención no solo por la cantidad de proyectos involucrados, sino también por las implicaciones legales y éticas que conlleva. Los cargos que enfrenta Garro son diversos y graves. Incluyen, además de la asociación ilícita, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documentos públicos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado. 

Estas acusaciones sugieren un manejo poco transparente de los recursos y las autorizaciones urbanísticas durante su gestión, lo que podría haber perjudicado tanto al erario público como a los ciudadanos de La Plata. Para avanzar en la investigación, la Justicia ha realizado allanamientos en varias propiedades y oficinas relacionadas con exfuncionarios municipales y empresas del sector de la construcción. Entre los lugares registrados se encuentran las sedes de empresas como Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A. 

Estas compañías son sospechosas de haber tenido un papel crucial en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos, lo que refuerza las sospechas en torno a un posible entramado de corrupción. Uno de los aspectos más preocupantes que ha salido a la luz es el esquema que se habría implementado durante la administración de Garro, donde se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora que, según se alega, sería propiedad de funcionarios cercanos a él. 

Adicionalmente, la investigación se está centrando en la relación entre Garro y su círculo cercano con la inmobiliaria ONE, que opera en zonas como City Bell y Punta del Este. 

Esta empresa es sospechada de comercializar terrenos de los emprendimientos irregulares, lo que podría implicar una red de complicidades que va más allá de la simple gestión de autorizaciones, afectando a la comunidad en su conjunto.