La llamada Masacre de San Miguel del Monte será elevada a juicio oral ante el TOC número 4 de la ciudad de La Plata. El episodio ocurrido en mayo de 2019, cuando una persecución policial provocó el choque y muerte de cuatro jóvenes, ahora tendrá a policías y funcionarios frente a la Justicia, casi dos años después.

El total de imputados se eleva a 24, entre policías y funcionarios que enfrentarán la causa de persecución, muerte y encubrimiento policial. El juez de garantías Eduardo Silva Pelossi rechazó los pedidos de nulidad y sobreseimiento solicitados por las defensas de los imputados, y 23 policías bonaerenses y el entonces secretario de Seguridad del Monte serán juzgados en el Tribunal Oral Criminal N°4 de La Plata

Silva Pelossi, el viernes pasado, ya había elevado a juicio la causa contra otros 10 imputados, cuyas defensas no se habían opuesto a la requisitoria fiscal, y remitió las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías para que se sortee el tribunal.

De esta manera, la Justicia intervendrá ante el hecho que conmocionó al país y sumó una nueva página al historial de violencia policial e institucional en territorio bonaerense.

La Masacre de San Miguel de Monte se remonta a la madrugada del 20 de mayo de 2029, en el distrito del interior de la Provincia de Buenos Aires, cuando Danilo Sansone de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Rocío Quagliarello (13) paseaban en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). Los cuatro chicos y el adulto fueron interceptados por un móvil abordado por dos efectivos policiales que comenzaron a perseguirlos y a disparar contra el Fiat manejado por Suárez. Tras varias cuadras de persecución –e impactos de bala que hirieron a uno de los chicos- el auto chocó contra un acoplado estacionado.

Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió, aunque debió enfrentar fuertes secuelas durante casi un mes, luego del accidente. Luego del hecho, que estremeció a la ciudad y no tardó en tomar trascendencia regional y nacional, la policía puso en marcha un fuerte operativo de encubrimiento, a partir de ocultar pruebas y eliminar parte de los rastros sobre lo ocurrido.

La indignación de los residentes del distrito bonaerense fue tal que hubieron fuertes protestas en la ciudad para exigir juicio a los responsables, tanto policiales como funcionarios. Tal es así, que uno de los imputados ahora en la causa es Claudio Martínez, el entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, quien enfrenta cargos por encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público. Incluso, se mantiene firme la investigación sobre la responsabilidad de la ex intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol.