Este lunes la Comisión de Planeamiento y Hacienda del Concejo Deliberante platense dio tratamiento a un polémico proyecto de ordenanza, enviado por el Ejecutivo de Julio Garro y aprobado por la mayoría automática de Juntos por el Cambio. El expediente 73415 ponía a consideración del Concejo el acuerdo celebrado entre el municipio y la empresa AGRYCON S.A., por el cual la empresa se compromete a la construcción de una rotonda en el cruce de las calles 467 y 160 como forma de pago de la Tasa de Plusvalía Urbanística. Hasta ahí, y tal como pretendieron presentarlo desde el municipio, se trataba de una buena noticia, una empresa privada aportando fondos para el mejoramiento de la traza urbana. Pero si se profundiza el caso, lo que se revela es un escándalo que desnuda la verdadera cara de la gestión municipal.

La cronología empieza con la rezonificación de los terrenos. En diciembre del 2021, una serie de lotes comprendidos entre las calles 470, 178, 458, 174, 455, 173, 458 y 168, otros entre 467, 154, 458, 157, 455, 159, 458 y 160, otros entre 467, 160, 497 y 178, y las partidas frentistas a la calle 467 entre 143 y 145 con fondo a 463, a la calle 470 entre 168 y 178 con fondo a 458, fueron desafectados como “zona rural intensiva” y pasaron a la categoría de “zona residencial extraurbana”. Esto, que parece un tecnicismo, significó que el valor fiscal del metro cuadrado en esos terrenos pasara de valer $382 a $918.

La rotonda Garro: $77 millones que favorecen a un emprendimiento inmobiliario en lugar de ir a los barrios

En concreto, eso representó una ganancia extraordinaria para los propietarios de esos terrenos exclusivamente por la decisión política/administrativa de la rezonificación, es decir, sin que mediara ninguna inversión por parte de esos propietarios que justificase ese incremento en el valor de las propiedades. Justamente para tender a equilibrar estas situaciones, La Plata adhirió en 2015 a la ley provincial Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que propone una “contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria” a grandes emprendimientos urbanísticos que por acción del Estado Municipal se vean beneficiados en la valorización inmobiliaria. Esa contribución es la denominada Tasa de Plusvalía Urbanística.

Dicha tasa se calcula aplicando un porcentaje a la diferencia entre el valor inicial de un terreno y el valor final luego de su rezonificación. Ese porcentaje puede ir del 10% al 30% de esa diferencia, que en lo concreto sería la ganancia extraordinaria de los propietarios a partir de la valorización inmobiliaria del terreno.

En el caso en cuestión, la rezonificación de uno de los terrenos mencionados le generó a la empresa AGRYCON S.A., propietaria del mismo, una ganancia en la valorización del predio de alrededor de $522 millones. En un primer beneficio a la empresa luego de la rezonificación, el municipio de La Plata decidió aplicar una tasa de 15%, que podría haber sido del 30%, para determinar la Tasa de Plusvalía Urbanística a ser abonada por AGRYCON. A esto hay que agregar, además, que los valores que se toman en cuenta son los fiscales, extremadamente por debajo de los valores reales de esos terrenos, por lo cual la ganancia real es muchísimo mayor y bastante difícil de calcular.

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Pero la cosa no quedó ahí. Según la Ley 14.449, el objeto de aplicar esa contribución obligatoria sobre la valorización financiera es, justamente, destinar los recursos obtenidos a mejorar las condiciones de hábitat en los múltiples barrios y asentamientos populares con carencias estructurales. Sin embargo, el intendente Garro y los Concejales de Juntos por el Cambio decidieron que los $77.459.684 que AGRYCON tiene que poner en concepto de plusvalía urbanística no vayan a ninguno de los más de 200 barrios populares de La Plata, sino a la construcción de una rotonda en 467 y 160, a metros del predio en cuestión y a sólo unas cuadras del barrio privado donde vive Garro. Ese fue el acuerdo suscrito por el intendente y la empresa privada en el expediente 73415, por el cual AGRYCON tributará $63.818.306 mediante la construcción de esa rotonda, restando un margen sin afectación por el momento.

En síntesis, una empresa privada gana (de piso) más de $522 millones a partir de una decisión política del municipio, retribuye sólo el 15% cuando podría haber aportado el 30% por ley, y además lo hace mediante la construcción de una rotonda que incrementará aún más el valor de esos terrenos. Todo con el aval político (¿y comercial?) del Gobierno municipal.

Desde el FdT se opusieron a la aprobación de la ordenanza con la cual se terminó convalidando el acuerdo entre la empresa y el municipio, y emitieron un dictamen de minoría en la comisión de este lunes en el que se establecía la desaprobación del convenio y se le solicitaba al Departamento Ejecutivo priorizar “en la ejecución de las obras en concepto de Tributo por plusvalía urbana las propuestas realizadas por el Consejo Local de Tierra y Hábitat”. Sin embargo, desde el peronismo platense se denuncia una y otra vez que el Concejo Deliberante funciona de hecho como una escribanía del intendente Julio Garro y que las decisiones como esta, en beneficio de los negocios y en detrimento de los sectores más desprotegidos, son moneda corriente.

Otro dato que agrega dramatismo a la cuestión es que, si bien en otros años se percibieron montos por la Tasa de Plusvalía Urbanística, en lo concreto resultaron insignificantes y esta es la primera vez que se utiliza el instrumento de manera significativa, incluso considerando que los terrenos se tomen a valor fiscal y que la tasa que se aplicó fuera la mitad de la permitida por ley. En 2018 se recaudaron $751.467,75 por este concepto, en 2019 $694.117,76, en 2020 $553.909,07 y en 2021 $3.127.954,17. De esta forma, un instrumento legal de espíritu claramente redistributivo y para ser usado en favor de los sectores más desprotegidos, debuta pervertido en La Plata con el sello de Julio Garro.