El gobierno de Carlos Arroyo dio marcha atrás con el decreto que establecía la adhesión al Pacto Fiscal, que exige la Provincia a los municipios bonaerenses, y la medida será debatida en el cuerpo legislativo para convertirse en ordenanza. Ante el rechazo de generalizado de la oposición ante el mecanismo adoptado por el Ejecutivo, la concejal favorita de María Eugenia Vidal, Vilma Baragiola, impulsó ayer una moción para debatir el Pacto Fiscal en un proyecto de ordenanza en comisiones.

La propuesta de la radical en Cambiemos terminó imponiéndose en la sesión extraordinaria de ayer en “La Feliz”, que concluyó con la anulación del polémico decreto.

El martes, en una sesión extraordinaria el presidente del Concejo Deliberante de Mar del Plata, Guillermo Sáenz Saralegui, había firmado 29 decretos, entre los que se encontraba la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal. El hijo del intendente y jefe de bancada de la Agrupación Atlántica, Guillermo Arroyo, admitió entonces que el decreto se dictó “para recibir asistencia financiera”.

“Quiero pedir disculpas en algunos casos, porque la necesidad nos ha llevado a solicitarle un decreto para recibir asistencia financiera”, admitió el joven Arroyo, quien luego se justificó: “Era necesario, tenemos que hacer frente a compromisos. Como gobernante hay hacer. Los trabajadores no tienen por qué pagar”. Según se argumentó desde el Ejecutivo, la adhesión al Pacto Fiscal resultaba necesaria para que la Provincia asistiera con fondos para el cobro de sueldos de los municipales.