El argumento bien podría haber sido esgrimido por un dirigente del Frente de Todos, pero no. En un momento donde, a nivel nacional, Juntos por el Cambio resalta la importancia de respetar la Justicia, un intendente PRO denuncia una "grave intromisión" del Poder Judicial en una licitación para administrar un predio destinado al tratamiento y disposición final de residuos.

El jefe comunal de General Puerredón, Guillermo Montenegro consideró que el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°2 de Mar del Plata afectó “el equilibrio que garantiza la división de poderes” cuando dictó una cautelar que suspendió dicho proceso licitatorio. 

El municipio apeló la medida cautelar dictada por el Juez Marcelo Fernández, quien aceptó parcialmente el planteo realizado por la empresa “Estrans S.A” ante el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur). En su presentación, la firma sostenía que una claúsula de la licitación la dejaba sin igualdad de condiciones para competir. 

Incluso, Estrans S.A sostienía que en el pliego había un claro “direccionamiento” para favorecer a una de las empresas que se presentaba y objetó que empresas de recolección de residuos participen de la licitación ante la falta de una “incumbencia específica en la materia licitada", dado que no tienen experiencia en el tratamiento y la disposición final de residuos.

La Justicia no hizo lugar a todos los planteos de la firma denunciante, pero sí ordenó la eliminación de una de las cláusulas mencionadas y recomendó correcciones al pliego licitatorio. Esta decisión por supuesto hizo que se suspendiera la licitación y provocó el enojo del gobierno municipal. 

La gestión de Montenegro apeló la medida resuelta por el magistrado y argumentó que el fallo significa una “grave intromisión” de la Justicia que perjudica “el equilibrio que garantiza la división de poderes”.

En la apelación, publicada por el portal 0223, "la suspensión de la cláusula 16.3 del Pliego importa una grave intromisión en las facultades propias de la Administración, afectándose así el delicado equilibrio que garantiza la división de poderes”. 

Según el Municipio PRO, dicha claúsula buscaba “ampliar la cantidad de oferentes” y “permitir una mayor concurrencia de empresas a la licitación, lo que, a pesar de la tendenciosa y maliciosa presentación de la firma impugnante, resulta ser el único objetivo del pliego en análisis”.