Polémica en San Nicolás: Investigan a Atanor por otra descarga ilegal de residuos industriales
Las autoridades de la Provincia detectaron un vertido no autorizado en cercanías al Río Paraná. La Justicia podría sancionar nuevamente a la empresa. Especialistas piden medidas urgentes.
Una fuerte polémica se desató en la ciudad bonaerense de San Nicolás luego de que se detectara una descarga ilegal de residuos industriales a través de una conexión clandestina en cercanías de la barranca del Río Paraná. El hecho pone el foco en la empresa química Atanor ya que las autoridades creen que su planta fue la que realizó el vertido no autorizado, una actividad que se encuentra en clara violación de las normas ambientales vigentes.
El caso se descubrió a raíz de una investigación llevada a cabo el pasado 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires. El análisis develó que una bomba instalada en el predio estaba arrojando residuos líquidos directamente al terreno natural.
El hallazgo fue dado a conocer el 13 de junio en una audiencia judicial ante la magistrada Luciana Díaz Bancalari. Tras ello, la Justicia elevó la denuncia a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para evaluar la posible comisión de delitos penales, al tiempo que solicitó un nuevo informe técnico a la ADA para averiguar más detalles y precisar el impacto ambiental de la descarga.
Cabe destacar que Atanor ya había sido condenada en 2023 por un caso de contaminación ambiental destapado por una situación de vertido de sustancias tóxicas sin tratar en el río. A su vez, en marzo de 2024 una explosión en el reactor de la planta provocó la evacuación de vecinos y la clausura del predio, que permaneció cerrado hasta noviembre. El regreso a la producción se realizó bajo estrictas condiciones de protección en el marco de un plan de gestión ambiental aprobado por la PBA, pero la actividad podría volver a interrumpirse ante esta nueva infracción.
Por su parte, la asociación Greenpeace advirtió sobre la gravedad del caso en vistas de la proximidad del punto de vertido de los residuos con el Río Paraná. En ese sentido, la especialista Agostina Rossi Serra denunció que la compañía “persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública”. Junto a ello, también el abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea) Fabián Maggi describió al hecho como “criminal” y presentó una medida cautelar para suspender de inmediato la producción de efluentes líquidos y prohibir el uso de fuentes de agua ligadas al río.