“La discapacidad en Argentina oscila entre los derechos conquistados y el riesgo de retrocesos”
La referente del sector, Laura Lavega, advierte sobre las consecuencias que generará si queda firme el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mañana sesión clave en el Congreso.
Javier Milei ya dejó en claro por múltiples vías no solamente que no le interesa hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad, sino que hasta disfruta ejercer el poder pisoteándolos. Las agresiones a personalidades del sector, con el caso del niño Ian Moche como mayor ejemplo, son una de las monedas corrientes de la crueldad del presidente y su gobierno.
A esa violencia simbólica, Milei le suma violencia política y material contra las personas con discapacidad: al brutal recorte y desfinanciamiento de las áreas del Estado que brindan alguna cobertura al sector, el presidente le agregó recientemente el veto a la la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), sancionada en junio por el Congreso. Justamente el Parlamento deberá definir este miércoles si ese veto queda vigente o si, por el contrario, se sostiene una ley votada por una amplia mayoría y que garantiza derechos fundamentales a las personas con discapacidad.
En Argentina, más de una década después de otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los datos muestran que aún persisten profundas desigualdades. Según el último dato consolidado en el Censo 2010, el 12,9% de la población declaró tener alguna dificultad o limitación permanente, lo que equivale a más de cinco millones de personas. El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad (2018) señaló que el 10,2% de la población de seis años o más enfrenta alguna dificultad, con una prevalencia que crece exponencialmente en la vejez: casi la mitad de los mayores de 80 años conviven con una discapacidad.
En paralelo, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad contabilizaba en julio de 2023 más de 1,5 millones de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este documento, de validez nacional y emisión gratuita, es la llave de acceso a derechos fundamentales: cobertura total en prestaciones de salud, tratamientos, medicaciones y rehabilitación, transporte público gratuito, asignaciones familiares y beneficios fiscales, entre otras. Desde 2023, además, se emite sin vencimiento, lo que constituye un avance clave en materia de simplificación y garantía de derechos.
Sin embargo, las estadísticas también reflejan la deuda pendiente en inclusión laboral: apenas el 12,6% de las personas con CUD declararon tener empleo al momento de su certificación.
En este contexto, el movimiento de personas con discapacidad y sus familias protagonizó una masiva movilización social que desembocó en la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), el 10 de julio pasado. La norma, que rige hasta diciembre de 2027, busca garantizar el acceso a la salud, la educación, el empleo y la protección social. Para la referente de la Red de Prestadores de Discapacidad de PBA, Laura Lavega, su aprobación fue una conquista histórica. Sin embargo, persiste la preocupación por si queda firme el veto presidencial que pondría en riesgo la implementación efectiva de estas medidas.
Lavega, quien junto a su esposo tienen un hogar para personas con discapacidad en Quilmes, ha sido una de las voces más firmes en este debate. A través de sus intervenciones públicas y sus campañas informativas, insiste en que el veto sería un retroceso inaceptable: “Se trata de asegurar derechos básicos y de garantizar calidad de vida a millones de personas y sus familias. No se puede retroceder en lo que costó tantos años de lucha” afirmó en una entrevista radial.
La referente del sector describió la situación actual de las personas con discapacidad en el país, sometidas a la angustia de sentir que pueden perder derechos efectivos que tomó años de construcción y lucha poder conseguir: “Hoy la discapacidad en Argentina oscila entre los derechos conquistados y el riesgo de retrocesos”, sentenció.
La vigencia de la Ley de Emergencia, junto con la plena aplicación del CUD, constituye hoy un punto de inflexión para el colectivo de personas con discapacidad en la Argentina. Los próximos meses serán decisivos para confirmar si el país avanza hacia una sociedad más inclusiva o si las conquistas alcanzadas quedan en suspenso. Mañana se dará el primer gran paso en ese sentido cuando Diputados decida si sostiene el legítimo reclamo de las familias por los derechos de las personas con discapacidad o si se someten, una vez más, a la crueldad y la insensibilidad de la motosierra de Milei