El presidente de la Nación Alberto Fernández, quien ganó las elecciones con un porcentaje del 48% votos -de modo que no hubo lugar para el ballotage-, expresó: “Sin una justicia independiente del poder político no hay República ni democracia. Sólo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial de los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciada por cierta complacencia mediática”. Podría decirse que es acertada la observación de Shapiro de que ningún gobierno nombra de jueces a sus enemigos políticos; no obstante, para lograr un Estado de Derecho, una técnica jurídica fundamental es la independencia de los órganos, más aún el judicial y para ello se requiere un sistema de designación transparente, además, de otro tipo de protecciones que no son el foco del presente escrito.

Por lo tanto, el presidente podría aspirar a  un modelo más del tipo norteamericano. En Estados Unidos en la etapa de selección de los jueces, se puede percibir la bandera política de los candidatos, empero una vez designado el magistrado tiene  el “deber de ingratitud” denominado por Favoreu,  que consiste en ser imparcial de la autoridad que lo designó. Recordemos, el Poder Judicial es un órgano técnico que se diferencia de los dos restantes por su origen, el cual no es a través del pueblo, sino que se llega al poder por medio de su conocimiento y tras el ejercicio de la profesión de abogado durante un término de ocho años, junto con otros requisitos, tal como menciona el artículo 111 de la Constitución Nacional.

Y continúa el relato del Presidente: “Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales. Durante mi gestión se acabaron los operadores judiciales y mediáticos. Y se acabaron los jueces que actúan siguiendo las presiones de esos operadores. No es que voy a perseguir jueces, para eso está el Consejo de la Magistratura. Voy a hacer todas las reformas que hagan falta para que eso termine”. La CN establece que los jueces tienen la obligación de administrar justicia bien y de acuerdo a la ley -art. 112-, así como el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional -art. 120-, empero es muy difícil seguir estas disposiciones si se le otorga mayor relevancia a las influencias políticas o se subordina a sus intereses.

Respecto a la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el presidente  anunció su intervención: “He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Queremos impulsar así una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado. Nunca más Estado secreto”, para ello designó como interventora a Cristina Caamaño, ex titular de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), y también resuenan otros nombres como el de Nilda Garré, ex ministra de seguridad. A su vez, mencionó que dentro de sus planes se encuentra el dividirla en tres partes con el objeto de contener a los tres mil agentes y que será derogado el decreto 656/16 que se dictó con el fin de “maximizar el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA y así optimizar sus capacidades para enfrentar con la mayor eficacia posible el fenómeno cada vez más intrincado de los delitos complejos”, sin embargo, dio lugar a consagrar el secreto para los fondos reservados, según las palabras del propio presidente.

Por lo tanto, por todo lo anteriormente expuesto, el presidente busca restablecer la división de poderes y  aunque es casi imposible que las instituciones se politicen es necesario para lograr una manifestación de la igualdad civil y política, es decir, que la ley se aplique tanto a gobernados como gobernantes. No obstante, habrá que esperar lo que depara el tiempo, pues recién han transcurrido días desde su asunción y le restan cuatro años de mandato.

*Abogado penalista. Analista político. Docente universitario. Twitter: @hlc_1992