La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentará este lunes una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por el delito de sedición y traición a la Patria a raíz del anuncio de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de la coparticipación. “Tienen que ir todos presos”, lanzó Bullrich al mostrar la denuncia contra el mandatario argentino y 19 gobernadores. 

Para la precandidata a presidenta por el PRO, “desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional”. 

Según aseguró en un comunicado, el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, es claro al respecto al sostener que "serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”.

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Tweet de Patricia Bullrich

Como si eso fuera poco, también fueron denunciados los 19 mandatarios provinciales que apoyaron al Presidente por no acatar el fallo del Máximo Tribunal. Ellos son el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.

“Tienen que ir todos presos”, escribió Bullrich desde su cuenta Twitter, donde dio a conocer la denuncia. “Además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”, afirmaron Bullrich, Iglesias y Ajmechet en la denuncia.

En el documento insistieron en el “grave peligro de ruptura del orden institucional” que significa que ”las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia".