A 10 años del Ni Una Menos: Más femicidios, mayor desigualdad y menos protección

El 3 de junio de 2025 miles y miles de mujeres de todo el país salieron a la calle con un grito unificado: “Ni una menos”. Era un grito desesperado de bronca, pero también de lucha que ponía el foco sobre un problema del que poco se hablaba: la desiguald y la violencia de género reinante en una sociedad que se empeñaba en mirar para otro lado. Diez años después esa misma batalla sigue vigente y en un escenario mucho más adverso, donde los discursos de odio y la violencia se promueven desde el propio Estado nacional.

En 2015 se registraron 235 víctimas directas de femicidio. Desde entonces, hubo alrededor de 3000 femicidios y en los últimos años el número va en ascenso. En 2024, durante el primer año de gestión de Javier Milei, se registraron 247 víctimas de violencia de género en Argentina: 228 femicidios directos y 19 vinculados, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si se consideran sólo las víctimas directas, el año pasado hubo 1 femicidio cada 39 horas. En lo que va de 2025, se cometió un femicidio cada 31 horas.

Acorde a los datos arrojados por el último relevamiento del Observatorio MuMaLá, hubo 93 femicidios en el transcurso del año y 344 intentos de femicidio en ese mismo período. En otras palabras, la violencia aumentó significativamente en menos de un año.

Al mismo tiempo, el Gobierno decidió eliminar la mayoría de las políticas públicas destinadas a promover la igualdad de género, prevenir la violencia y asistir a las víctimas. Por ese motivo, desde MuMaLá sostienen que “la situación se agrava ante la ausencia de presupuesto, el desmantelamiento de programas de prevención y la indiferencia estatal”.

La organización denuncia un brutal recorte sobre las políticas de género, la desfinanciación de áreas clave y la falta de perspectiva de género en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial; una combinación que multiplica la violencia sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans.

El propio vocero de Casa Rosada, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno había decidido “prohibir la perspectiva de género en toda la administración pública nacional” y con ello, desmentelar todo programa o acción que consideraran funcionara bajo la “ideología de género”; término que utilizan para deslegitimar el feminismo y negar la existencia de desigualdades y violencia.

Con esa misma lógica, a principios de mayo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas destinados a la prevención de la violencia de género y el acompañamiento a las víctimas, con la excusa de generar un "ahorro significativo" al Estado nacional.

Entre ellos se destacaban programas como AcompañAR, un programa de apoyo económico para personas que atraviesan una situación de alto riesgo en la que peligra su vida, para que puedan acceder a un alquiler que les permita salir de la situación de violencia.

En este punto, es menester recordar que la mayoría de los femicidios se cometen en la misma casa donde vive la víctima. Sin ir más lejos, en 2025 el 71% de los crímenes de violencia de género se produjeron en el seno del hogar.

Una de las pocas herramientas del Estado que aún se mantiene en pie es la Línea 144, que brinda asistencia, apoyo, seguimiento y acompañamiento profesional a personas que atraviesan una situación de violencia de género. Sin embargo, en 2024 y como consecuencia de la motosierra libertaria, la línea perdió a más de la mitad de sus trabajadores y trabajadoras.

Es que el Gobierno prefiere ahorrar. Ahorra con la vida de las mujeres y las discidencias, ahorra en salud, en jubilaciones, en educación, en violencia de género, pero no lo hace con las reservas del Banco Central o los fondos discrecionales que otorga a la SIDE. Prioridades

Este martes se cumplen 10 años de la primera marcha bajo la consigna “Ni Una Menos” y los reclamos siguen siendo los mismos y más. En ese 3 de junio de 2015, desde un escenario en las puertas del Congreso Nacional, se leyó un documento que hablaba de “un grito colectivo" de una lucha que obligaba a “meterse donde antes se miraba para otro lado, revisar las propias prácticas, empezar a mirarnos de otro modo unos a otras” y de "un compromiso social para construir un nuevo nunca más”.

Ese nuevo nunca más hoy es atacado desde el propio Estado Nacional y obliga a la sociedad a reforzar esa pelea y repetir, repetir a gritos, “Nos queremos vivas”.

Viva la lucha feminista, carajo.