La reciente derrota legislativa de la Ley de Presupuesto muestra algunos de los límites de la coalición gobernante. A pesar de esos límites, el Frente de Todos debe afrontar el problema de gobernar más allá de las actitudes de la oposición mayoritaria. El objeto de estas líneas es tratar de entender esos límites como una derivación de las promesas que, durante estos dos años de gestión y por múltiples motivos, el gobierno todavía no pudo cumplir: resolver la crisis económica de una manera que los costos no caigan en los sectores medios y populares, y satisfacer la demanda de transparencia institucional.

Luego del primer año de crisis por la pandemia de COVID-19 y su fuerte impacto negativo en la economía, la recuperación de algunas de las principales variables macroeconómicas y la morigeración de la crisis sanitaria son aspectos que el gobierno puede e intenta mostrar como aciertos de la gestión. Pero la propia dinámica política hace que no prosperen en la agenda de una sociedad que sufrió con las medidas restrictivas y una capacidad adquisitiva que no logra alcanzar el crecimiento de las variables macro.

La gestión sanitaria mostró desde los primeros momentos de la crisis importantes niveles de aceptación social, y elevó la imagen del Presidente Alberto Fernández. En ese entonces fueron importantes para este efecto medidas de emergencia como el IFE, los ATP, y los Bonos, así como el plan de vacunación que, en comparación con países de toda índole, muestra resultados favorables. Sin embargo, episodios como el “vacunatorio VIP” y la imagen del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos marcaron un límite respecto a la confianza en la palabra del Presidente. Aunque sea difícil calibrar si tuvieron un impacto decisivo en términos electorales, sí puede decirse que debilitaron ese vínculo inicial que las medidas de emergencia habían creado entre Alberto Fernández y la sociedad.

Por otro lado, la estrategia económica que busca generar inversiones en áreas y actividades estratégicas como en hidrógeno verde y litio se enfrentan –por ahora regionalmente- al rechazo social que despierta la minería y otras actividades con serios efectos socio-ambientales. El rechazo popular en Chubut a la ley de zonificación minera es uno de los botones que sirven de muestra. La pesada deuda externa que el gobierno anterior legó al actual sigue siendo un tema sin resolver, a pesar de que ha sido el centro de los esfuerzos económicos de la actual gestión. Al mismo tiempo, la imposibilidad del Gobierno de controlar problemas que, como la inflación, afectan a los sectores populares y medios, es un factor decisivo para entender el resultado de las elecciones de medio término. Si el PBI recupera los niveles previos a la pandemia pero la capacidad adquisitiva del salario no, los números que se muestran no tienen la misma capacidad de convencimiento. Esto empalma con la advertencia de la vicepresidenta acerca de la necesidad de que el crecimiento “no quede en manos de tres o cuatro vivos”.

La deuda con el Fondo Monetario Internacional plantea una fuerte restricción a las salidas de la crisis sin “ajuste” de las erogaciones públicas destinadas a los sectores populares y medios. En este sentido, las discusiones en el Frente de Todos giran en torno al costo político de la “inevitabilidad del ajuste”, a sus tiempos e intensidades: qué cronograma de pagos se tiene, dónde y cuánto recortar, dónde y cuánto recaudar, etc.

Las cartas de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de los resultados de la PASO de septiembre tuvieron un doble efecto: abrieron un canal de discusión pública sobre el programa de gobierno y, al mismo tiempo, ratificaron la capacidad de decisión del Presidente. Y es en este punto donde se ven más claramente esos límites de los que venimos hablando: el Gobierno se enfrenta a la doble necesidad de reconstruir su imagen pública y llegar a acuerdos legislativos que permitan su programa de gobierno. Satisfacer ambas necesidades no siempre puede hacerse al mismo tiempo y, a veces, una va en sentido contrario de la otra.

El Frente de Todos hoy paga aquel debilitamiento electoral en ambas cámaras mientras la oposición mayoritaria condiciona políticamente los “acuerdos” que se buscan -¿cuántas veces hemos escuchado en estos últimos años las apelaciones al diálogo y a los grandes acuerdos nacionales en ambos lados de la “grieta”?-. La coalición que oficia de principal oposición, Juntos por el Cambio, sigue sin poder dar respuestas al papel fundamental que tuvo el gobierno encabezado por Mauricio Macri en la crisis económica. Acciones como la obstaculización de la aprobación del presupuesto o las internas por las candidaturas también dejaron heridas en su interior. Por todo ello, no puede cantar victoria de antemano en la carrera para 2023. Sin embargo, mantiene su imagen cuando explota los límites de la coalición gobernante.

A dos años de gestión, con una pandemia y una crisis económica que no terminan de resolverse, el Gobierno plantea el inicio de una reactivación en un contexto de polarización política que demanda acuerdos y consensos –con la oposición, con el FMI- sin desconocer la necesidad de un proceso de relegitimación social. La pericia política del Frente de Todos deberá mostrar cuál de estos dilemas debe resolver con mayor premura. Dicho de otra manera: cuál es el primer nudo a desatar de este ovillo enredado.

*Licenciado en Sociología (UNLP), Docente (UBA, UNLAM) y Director de Circuitos Consultora. Twitter: @pabloroma81 | @circuitosconsul