Afirman que el aumento de la energía debería rondar el 80% y se recalienta la interna oficialista

El acuerdo anunciado por el Ejecutivo nacional con el Fondo Monetario Internacional hizo estallar por el aire las diferencias internas entre sectores del Gobierno que venían escalando con fuerza desde el año pasado. Uno de los primeros episodios de gran resonancia en esa tensión ocurrió cuando, en abril del 2021, el Ministro Martín Guzmán decidió unilateralmente dar por despedido a Federico Basualdo, Subsecretario de Energía Eléctrica que responde directamente al kirchnerismo. Las diferencias tenían que ver con el nivel de aumentos para las tarifas: mientras Guzmán pretendía una segmentación que permitiera reducir la masa de subsidios, Basualdo se plantaba en la línea energética K de mantener las tarifas lo más pisadas posible para no trasladar costos a la población en plena pandemia. El kirchnerismo se terminó imponiendo y Guzmán debió tragarse el sapo. A casi un año de aquel tironeo todo está peor. Las diferencias siguen intactas, pero con una interna que orilló la ruptura del frente y la novedad de las exigencias del FMI.

Para colmo de males de un Gobierno que no encuentra respiros, la semana pasada se conoció un estudio conjunto de las consultoras PxQ, de Emanuel Álvarez Agis, y Economía y Energía, de Nicolás Arceo, que muestra números preocupantes para el oficialismo en materia de tarifas. Según los consultores, para arrimarse a las metas acordadas con el FMI la energía eléctrica debería aumentar un 79% este año y el gas un 81%. De esa manera, los subsidios energéticos rondarían los USD 11.200 millones y representarían un 1,9% del PBI, el nivel en el que los pretende el FMI para este año.

Para contextualizar estas cifras, los consultores las comparan con los subsidios del año pasado y con el escenario de un aumento del 20% como el que se anunció y el cual el kirchnerismo considera un límite. En 2021 la masa subsidios destinada a las tarifas fue de USD 11.000 millones y representó un 2,3% del PBI, el tercer año con mayor nivel de subsidios en relación al producto. Con el aumento del 80% planteado por Álvarez Agis y Arceo el monto final de subsidios sería prácticamente el mismo, pero a raíz del crecimiento proyectado representaría un 0,4% menos del PBI, cumpliendo así con las exigencias del Fondo. Pero si el aumento quedara finalmente en el 20% anunciado, el Estado Nacional debería desembolsar un total de USD 14.000 millones este año para mantener el valor de las tarifas, y la representación de ese gasto sobre el PBI crecería del 2,3% del 2021 a un 2,4%. Es decir, los subsidios  terminarían aumentando más que el crecimiento proyectado.

Las estimaciones del estudio se realizaron considerando una inflación anual del orden del 51,4% y una aumento del tipo de cambio de 31,2%. Además, se calculó un aumento de la demanda de energía eléctrica del 1,5% y un 0% de incremento para la demanda de gas. Este escenario resulta bastante conservador si se piensa en un año de crecimiento económico que, por lógica, demanda mayor energía, por lo que puede suponerse incluso que la estimación de un 80% de subas en las tarifas pueda quedar corta. Otro elemento en este sentido es que el estudio supone los mismos niveles de inversión para el 2022 que el que las distribuidoras de gas natural y energía eléctrica de la zona del AMBA tuvieron en 2021. Si se pretendieran mayores inversiones esa diferencia debería surgir o de mayores tarifas, o de más subsidios del Estado, o de una baja en la rentabilidad de las empresas, todos escenarios muy difíciles de imaginar.

Cabe destacar que el estudio no lo realizaron técnicos del macrismo. Tanto Álvarez Agis como Arceo fueron funcionarios del kirchnerismo durante el segundo mandato de CFK. Álvarez Agis fue viceministro de Kicillof en Economía, y Arceo fue Subsecretario de Planificación Económica del mismo Ministerio en 2012 y vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF entre 2012 y 2015.

EL APRIETE DEL FONDO Y LOS CINCO FACTORES QUE COMPLICAN AL GOBIERNO

Desde que se anunció el acuerdo, los representantes del organismo de crédito internacional no dejan pasar oportunidad para recordar la centralidad que la reducción de los subsidios a la energía conlleva para el mismo. “Hemos acordado que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de una forma progresiva será muy importante” sentenció en Twitter Gita Gopinath, número dos del Fondo, tan solo dos días después del anuncio. Su frase fue casi idéntica a la que incluyó el organismo en su declaración pública post acuerdo: “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”.

Más cerca, el jueves pasado durante su rueda de prensa semanal, el vocero del organismo, Gerry Rice, enumeró las líneas generales del acuerdo y afirmó que “también hicimos referencia a un entendimiento acerca de reducir de manera duradera los subsidios a la energía”. De esta manera el Fondo mete presión dejando en claro que insistirá sobre este punto y obliga al Gobierno a enfrentar las diferencias internas que hasta ahora se pateaban para adelante.

El escenario es complejo. No solo por la crisis en la que el país está inmerso y el peso de la bota del Fondo sobre sus espaldas, sino también por algunos factores, tanto internos como externos, que el propio Arceo describió en una entrevista en Radio Con Vos hace unas semanas. En primer término, el Director de Economía y Energía señala a la suba del dólar como un elemento que dificultará bajar los subsidios. Con la falta de dólares y un aumento del tipo de cambio oficial proyectado arriba del 30%, es lógico el impacto sobre un sector altamente dolarizado, tanto para la producción local como para la compra de insumos o incluso la importación de energía. El segundo factor tiene que ver con un incremento del consumo energético producto de la salida de la pandemia, tanto a nivel hogares como en la industria para sostener el crecimiento económico.

Otro aspecto importante de la cuestión es el alza de los precios internacionales, que en el mundo ya empieza a compararse con la crisis energética de mediados de los 70. El barril de petróleo, por citar un ejemplo, alcanzó una cotización por encima de los 90 dólares, pico que no tocaba desde 2014. La explicación tiene que ver con la recuperación de la actividad económica del mundo y la consecuente mayor demanda energética, lo cual hace suponer que la tendencia siga al alza. El año pasado, la Argentina importó gas a un promedio de 8 dólares el millón de BTU, y para este año se estima que ese promedio se ubicará en los 20 dólares, más del doble. Arceo afirmó que sólo por efecto de precio y sin considerar cambios en cantidades, esto podría costarle al Gobierno unos USD 1500 millones más que el año pasado. Sumado a esto, el cuarto factor que complica la situación energética del país es que Bolivia, principal proveedor de gas de la Argentina, ya avisó que no podrá sostener el volumen de suministro del año pasado, por lo que habrá que reemplazar esa diferencia con combustibles líquidos más costosos. Dependiendo de cuánto baje la cuota de gas boliviano y con qué se lo reemplace, Arceo estima entre 900 y 1300 millones de dólares más en importaciones.

Por último, la tremenda crisis hídrica que sufre la Argentina con una bajante histórica del río Paraná que se sostiene hace ya casi dos años es otro elemento que impacta en la producción de energía eléctrica y que le insumirá esfuerzos extra al Estado para hacerse de esa energía.

INTERNA DE ALTO VOLTAJE

Todo este cuadro hace suponer que será extremadamente difícil que el Gobierno consiga reducir la masa de subsidios a los niveles acordados con el FMI sin recurrir a un tarifazo. Con la herramienta de la emisión monetaria también vetada por el acuerdo con el organismo, tampoco podrá recurrirse a que esas eventuales subas de tarifas sean acompañadas por aumentos en los ingresos que las equiparen. Entonces surge la pregunta de la discordia: ¿quién y cómo pagará esa reducción del déficit fiscal?

En esta encerrona está hoy el Gobierno, y el debate por la segmentación es el que empieza a canalizar la tensión interna por el acuerdo con el Fondo. Hace unos diez días, desde el kirchnerismo se difundió el esquema de segmentación por barrios que propuso Basualdo afirmando que el Ministerio de Economía lo tenía en su poder desde diciembre, dando a entender que la responsabilidad en el retraso en su aplicación le cabía a Guzmán. La cuestión es que la quita de subsidios a los 487.000 usuarios del área metropolitana propuesta en ese esquema apenas supone un ahorro de $25.000 millones para el 2022. Representa sólo un 2% de lo invertido en subsidios en 2021, y apenas un 0,1% del PBI cuando el acuerdo con el Fondo supone una reducción del 0,4%.

A partir de esto, Basualdo habría dejado en manos de un funcionario de Guzmán el diseño de un mejor esquema de segmentación en una especie de “hacete cargo vos”. Ese funcionario es Santiago López Osornio, Subsecretario de Planeamiento Estratégico que responde al Ministro de Economía. Con la pasada de responsabilidad sobre el diseño del esquema fue también la de comunicarlo, y el kirchnerismo buscaría trasladarle de esa manera a Guzmán la voz del ajuste.

Así las cosas, los números no parecen cerrar ni hay un esquema claro de cómo se implementarán las subas de tarifas ni de cuánto serán. Lo único que parece previsible es que la interna por la política energética que comenzó hace casi un año y que ahora se impregnó al tema central del acuerdo con el Fondo tendrá varios capítulos más. Con la necesidad de firmar dicho acuerdo antes de los vencimientos de marzo y las exigencias que impondrá el organismo antes de rubricarlo, las semanas que vienen serán sin dudas de alto voltaje.