El ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaleta, confirmó que el Gobierno decidió cerrar el grifo y dijo este jueves que “no habrá más altas de planes sociales” al menos en el corto plazo. El ex intendente de Hurlingham hizo público lo que ya les había adelantado en privado a principios de esta semana a las organizaciones sociales de la izquierda, que protagonizaron una masiva movilización para denunciar lo que consideran un “ajuste dictado por el fondo”. La contestación no sólo del ministro sino de varios dirigentes de primera línea del oficialismo vino de la mano de un anuncio: la firma de un convenio con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) para la “conversión de 4.000 planes sociales en puestos de trabajo registrados” en el sector. 

La iniciativa no es novedosa: ya en agosto del año pasado, el propio presidente Alberto Fernández había viajado a Concordia, una de las ciudades más empobrecidas y con mayor empleo en negro del país, para presentar un plan de “blanqueo” a través de planes sociales destinado, en principio, a unos 250.000 trabajadores rurales y changarines que realizan actividades temporales y estacionales en la cosecha. Desde entonces, el discurso del Gobierno en la materia se centró en esa idea de ir desechando la ayuda social en pos de la generación de puestos de trabajo, pero incluso hoy los resultados en la materia son prácticamente nulos. 

Salvo en los casos de algunas unidades productivas populares y de cooperativas de trabajo, fundamentalmente del rubro de la construcción y de la rama de las tareas de cuidado, no hubo prácticamente avances en ese sentido. El resto de los intentos, antes en el trabajo rural, ahora en el rubro gastronómico, se dieron en gremios con altos índices de informalidad y precarización laboral. La idea es simple y consiste en que a través del Potenciar Trabajo, cuyo valor es la mitad de un salario mínimo, 16 mil pesos, el Estado asuma y complete una parte de un salario -con sus respectivos impuestos y aportes- que debería pagar la patronal. De ese modo, además, se saltea la “incompatibilidad” entre recibir el plan y el empleo, un problema bastante común en los sectores más inestables de la economía.

De hecho, el programa que hoy le trae dolores de cabeza al Gobierno actual fue creado durante la administración de Mauricio Macri bajo el nombre “Salario Social Complementario”. Fue una reivindicación del Movimiento Evita, que la consiguió con la Ley de Emergencia Social en 2016, y consistía precisamente en complementar los ingresos de las changas con un aporte del Estado. A fines de 2019, había unas 450 mil personas inscriptas en el programa. El ex ministro Daniel Arroyo lo unificó con otros planes que todavía persistían de la época de Cristina Kirchner con el nombre que tiene ahora. 

El Potenciar Trabajo, así, creció en número. Con la pandemia, y sobre todo tras la cancelación del IFE, superó el millón de beneficiarios el año pasado y llegó a casi 1,2 millones a principios de este año, según datos extraoficiales a los que accedió Diagonales. Semejante erogación de dinero, más el cambio de política -y de funcionarios que llegaron de la mano de Zabaleta- redundaron a fines del año pasado en la decisión política de cerrar la inscripción al programa. La decisión no está ligada directamente al acuerdo con el Fondo, pero sí se inscribe en la idea del gobierno de no excederse en el gasto social. 

El problema es que, según pudo saber este medio, funcionarios de primeras y segundas líneas de Desarrollo Social estiman que hay al menos una población de 2,8 millones de personas que podrían estar en condiciones de acceder al programa. Por lo que más de la mitad, un millón y medio, hoy está afuera. 

Los requisitos son bastante básicos: no tener trabajo en blanco, no ser monotributista y no poseer propiedades inmuebles ni vehículos de determinado valor. Eso genera un cuello de botella, sobre todo si el crecimiento económico del que habla el Gobierno no termina de llegar al sector informal de la economía, que crece mucho más lentamente que el formal. Además, si se toma en cuenta que 9 millones de familias recibieron el IFE en el peor momento de la pandemia, y que al menos unas 13 millones lo solicitaron según reconoció en su momento la propia ANSES, ese universo puede ser aún mucho más importante. Por eso las organizaciones sociales de la izquierda hablaron abiertamente de “ajuste dictado por el Fondo” y pusieron a Zabaleta a dar explicaciones. 

Para el ministerio, de todos modos, siempre fue un problema contabilizar al sector informal de la economía. Un intento bastante exitoso se dió de la mano del Registro nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) pero con los programas sociales, dado el crecimiento exponencial de los últimos años, el proceso es aún más complejo y el control sobre la situación de cada beneficiario, aún más difícil. 

En medio de la pelea, un sector de las organizaciones sociales que forma parte de la UTEP planteó la necesidad de generar un “salario universal” que reemplace los planes sociales. Es una idea en la que vienen tallando hace varios meses Juan Grabois y el diputado nacional por Patria Grande Itai Hagman. 

“En la Argentina de hoy en la que el empleo registrado (con vacaciones, aguinaldo, licencia y todos los derechos laborales) está en continuo descenso, hay que asumir que ni el mercado ni el Estado van a garantizar empleo en blanco para todos y todas”, dijo la dirigente Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP y vocera nacional del Frente Popular Darío Santillán. “Por eso desde la Economía Popular cuestionamos el planteo oficial e insistimos en la necesidad de crear un salario básico universal”, agregó.

Cuando ya a fines del año pasado Zabaleta cerró el grifo del programa, colocó a un dirigente de su confianza y vinculado a los intendentes, Pablo Ariel Pais, al frente de la flamante Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo. Eso le generó un problema con Emilio Pérsico y algunos otros dirigentes, que en silencio vuelven a agitar la propuesta de crear un Ministerio de la Economía Popular, una vieja promesa de campaña de Daniel Scioli.