Según la hoja de ruta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, estaba previsto que esta semana se llegara ya a un acuerdo alrededor de un nuevo texto que reemplace la ley de alquileres vigente. Pero los planes cambiaron en las últimas horas. El plazo para la firma del dictamen definitivo se postergó al menos una semana más, según confirmaron a Diagonales desde el entorno de la presidenta de la comisión, la diputada Cecilia Moreau. La razón principal de la postergación es que en el oficialismo todavía persisten dudas sobre la letra chica del proyecto, y no son para nada menores.  

Las certezas con las que arrancó el debate hace tres semanas dieron paso a varias incertidumbres. La principal pasa por qué tipo de nueva ley puede arreglar realmente los tres problemas que hoy atraviesa el sector: la merma sostenida de la oferta de inmuebles para alquilar, los altos valores que se cobran tanto para el ingreso como en la actualización (anual) del precio, y la pérdida de rentabilidad de las inmobiliarias. Todos temas que, está claro, exceden el marco normativo. 

“Con estos niveles de inflación, no sé qué ley puede arreglar el problema. Para colmo, no creo que sea atinado aprobar una ley que sea regresiva para la gente”, explicaba un diputado a este medio una vez concluida la jornada de debate de este martes, en la expusieron unos veinte especialistas, que se sumaron a los más de 70 que ya desfilaron por la comisión. Las exposiciones de los legisladores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio comenzarán la semana próxima. 

Alquileres: se retrasa el dictamen y crecen las dudas en el oficialismo sobre qué rumbo tomará la nueva ley

Sobre la mesa, para más confusión, se apilan una decena de expedientes con iniciativas de todo tipo y color. El de Alberto Asseff es el más firme de Juntos por el Cambio. Por parte del Frente de Todos, Gisela Marziotta y José Luis Gioja hicieron lo propio, y la diputada Marcela Passo trabajaba en el suyo propio antes de la conformación de la comisión.

Hasta ahora, el único acuerdo posible que se avizora entre todos los sectores pasa por el plazo de actualización de los contratos, que se reduciría, en principio, de un año a seis meses. Sobre las otras dos modificaciones centrales que se buscaban introducir no hay demasiada claridad. Se concede que el Índice de Contratos de Locación (ICL) no funcionó, porque estableció aumentos por encima de la inflación (67 por ciento en un año según el último dato, de abril de este año) pero todavía no hay un punto medio entre las dos posiciones en pugna. Mientras las cámaras inmobiliarias presionan para eliminarlo y liberar ese ítem al mercado, las agrupaciones de inquilinos sugieren que en todo caso se tome en cuenta únicamente el aumento de los salarios dentro de la ecuación. 

Las dudas empezaron a crecer a partir de que varios diputados y diputadas de la Comisión asimilaron la idea de que el problema del mercado inmobiliario no es tanto la ley, como se creía en un principio, sino el contexto desfavorable que atraviesa el sector. Las Cámaras la habían culpado por la pérdida de rentabilidad, y un sector del Gobierno había visto en su modificación la oportunidad de hacer repuntar la oferta de inmuebles y de bajar los precios. Ese fue el punto de partida para debatir un nuevo texto. Pero con el correr del debate, esa idea fue cambiando. 

El titular del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, actuó como el portavoz este martes de esa posición. "No soy de los que creen que la ley aprobada en 2020 sea el problema", dijo. "Los propios diputados que integran la comisión deberán ver si hay consenso suficiente para avanzar en algún tipo de modificación de la ley de alquileres y la promoción de otras propiedades que no están incorporadas hoy con la ley actual", aclaró Martínez, que participó como oyente del debate. 

En esa línea, uno de los expositores de este martes, Sergio Chouza, de la Consultora Sarandí, dijo que el problema de los precios “es producto de un problema macroeconómico que es el proceso inflacionario”, en línea con lo expresado por el resto de los especialistas de distintos centros de estudios y universidades nacionales que sumaron su voz. 

El problema para el oficialismo sigue siendo que, mientras debate internamente qué rumbo tomar, la oposición -que cuenta con 15 de los 31 diputados de la Comisión- retome la iniciativa. “La oposición planteó una sesión especial para tratar la derogación o la suspensión de la ley de alquileres, nosotros planteamos la intención de escuchar muchas voces de los inquilinos, de los sectores vinculados a los propietarios, de los corredores inmobiliarios y de los desarrolladores", recordó Martínez al respecto. 

El diputado Federico Fagioli, uno de los integrantes de la Comisión, convocó este lunes a un debate en paralelo del que participó Raquel Rolnik, ex secretaria de políticas urbanas del Ministerio de las Ciudades del gobierno de Lula Da Silva y ex relatora de vivienda de la ONU. “La inquilinización es un proceso muy fuerte que estamos viendo en América Latina, que alcanza el 30%, lo que representa un número enorme. Y esto pasa también en los barrios más pobres”, sostuvo la urbanista brasileña. 

"La problemática va más allá del eje alquileres, tiene que ver con el déficit habitacional", dijo Fagioli. “Hay que discutir la importancia de un Estado que regule y que acompañe a uno de los sectores más postergados que son los inquilinos. Es muy importante construir una ley que no retroceda", agregó e hizo mención a políticas como el impuesto a la vivienda ociosa, la creación de lotes con servicios y la construcción de viviendas para alquiler social, algunas de las medidas que el sector que más articula con las organizaciones espera introducir en el nuevo texto.