En la industria pesada, la idea de apagar los hornos sintetiza un límite que busca siempre evitarse. El freno de las líneas de producción que implican grandes maquinarias y procesos complejos y continuos implica una decisión de última instancia, dados los costos y los riesgos que suponen luego volver a activar toda la estructura. Apagar los hornos es, en definitiva, apagar la producción.

El anuncio de la empresa Acindar, perteneciente al gigante multinacional ArcelorMittal, sobre el cierre de sus cuatro plantas productoras por el plazo de un mes es el triste reflejo de la caída en picada de la actividad económica argentina. Acindar tiene el monopolio en el país de la producción de aceros largos y perfiles para la construcción, y sus productos se extienden hasta alambres y clavos. Su decisión de frenar la acería es una consecuencia de la estrepitosa retracción de la obra pública y la construcción privada, una actividad que siempre es termómetro del crecimiento o la recesión económica.

La comunicación de que la empresa suspenderá su producción entre el 18 de marzo y el 1 de abril, aproximadamente, se conoció este martes y abre enormes interrogantes hacia adelante. Las cuatro plantas ubicadas en Villa Constitución (Santa Fe), San Nicolás (Buenos Aires), La Tablada (Rosario) y Villa Mercedes (San Luis) emplean a más de 3100 personas en forma directa, número que se multiplica con las tercerizaciones y contrataciones indirectas. Vacaciones, francos, reducciones de horas extra y otras actividades como capacitaciones figuran por ahora en el menú de respuestas de la empresa para con sus empleados. Pero no hace falta ser matemático para entender que el paso siguiente son las suspensiones y despidos.

La raíz de la decisión está en una caída inédita de las ventas de entre 35% y 40% en los últimos meses, producto del parate general de la economía y el freno de la obra pública. “ArcelorMittal Acindar informa que, a raíz de la caída sostenida de la demanda en el mercado interno, la que ha impactado en una abrupta reducción de entre el 35 y el 40 por ciento de las ventas en los últimos meses, la compañía se ve obligada a reajustar los niveles de producción conforme a los nuevos niveles de actividad” informó la empresa en un comunicado.

“Sabíamos que venía un año difícil, pero la caída es muy superior a la que proyectamos. En los 20 años que tengo en la empresa nunca se registró derrumbe semejante”, afirmó recientemente en una entrevista radial Facundo Velasco, gerente de relaciones institucionales de la empresa, dando cuenta del difícil momento que atraviesa la actividad económica del país.

Por su parte, la economista y diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, informó que la empresa cuenta con un stock de seis meses de producción que, ante la caída de la demanda, impulsó la decisión de frenar la producción. Según Strada, la empresa proyectaba una producción de 1.100.000 toneladas en 2024, lo cual implicaba una merma de su capacidad máxima de 1.700.000 toneladas. “Pero las medias le hicieron bajar las proyecciones a 720.000 toneladas, línea crítica”, agregó la diputada.

Este oscuro panorama se verifica en cuanto número de la economía se mire hoy por hoy. En un informe reciente, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) comunicó una caída de la producción fabril en pequeñas y medianas empresas del 30% respecto de enero del año pasado. Buena parte de esa caída la explica el descenso del 9,1% respecto de diciembre de 2023, a partir de las decisiones económicas del nuevo Gobierno.

La CAME ya había advertido sobre esta situación, pero desde el lado del consumo. En un informe de hace unas semanas, la institución alertó sobre una merma del 28,5% anual en las ventas de comercios minoristas pyme durante el mes de enero. Al desglosar ese indicador la cuestión se pone aún mucho peor. En alimentos, la retracción fue del 37% mientras que las compras en farmacias cayeron 47%.

Este último dato es alarmante y fue confirmado en estos días por el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, que informó un aumento del 110% del precio de los medicamentos en los últimos tres meses, 40 puntos por encima de la inflación, lo que derivó en que se dejaron de comprar unas 10 millones de unidades mensuales. En la Argentina de la libertad y la economía desregulada, la población está dejando de comer y de atender su salud porque no le alcanza la plata.

Otro dato revelado por la CAME fue el desplome de la construcción en enero, que llegó al 29%. En buena parte esto estuvo impulsado por la decisión del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública, ahora profundizada con la eliminación de importantes fondos fiduciarios que financiaban el desarrollo de las provincias. El Fondo Fiduciario para el Sistema de Infraestructura de Transporte (FFSIT), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), o el Procrear son algunos de los incentivos al desarrollo y la actividad económica que llegaban a las provincias desde Nación y que pasaron por la motosierra de Milei y Caputo.

La consecuencia, además del parate de la actividad, ya se observa en materia laboral. Unos 100.000 trabajadores de la construcción están siendo afectados por despidos y suspensiones, situación frente a la cual la UOCRA ya se declaró en estado de alerta y movilización. Esto es tan solo una mínima punta de un iceberg que se va congelando poco a poco bajo la superficie y que amenaza con detonar el clima social cuando el número de despidos empiece a crecer y el desempleo empuje a millones de argentinos a la desesperación.

Este contexto es algo ya conocido en el país. Las recetas neoliberales que destruyeron el aparato productivo industrial durante la última dictadura cívico-militar y que se profundizaron en la década menemista, resurgieron bajo el gobierno de Mauricio Macri con idénticos resultados. Cierre de miles de empresas, despidos y aumento del desempleo y la pobreza con el consecuente impacto en la estabilidad social del país. La novedad, hoy por hoy, es el vertiginoso ritmo que la dupla Milei Caputo le está imprimiendo a su alocada idea de apagar la economía para así bajar la inflación. Resultado que, por otra parte, no solo no se verifica sino que incluso ha empeorado frente a los ya desastrosos niveles del gobierno anterior.

Apagar los hornos es una decisión trágica para un país. Cuesta mucho volver a encenderlos y poner en pie la actividad económica. Argentina lo sabe, lo vivió más de una vez. Sin ir más lejos, con todas las complejidades de la pandemia y el endeudamiento externo, en los cuatro años del Frente de Todos apenas se llegó a recuperar los niveles de actividad que había en 2015 cuando ganó las elecciones Macri, pero con el salario de los trabajadores por el piso y como variable de ajuste.

Hoy, increíblemente, los hornos vuelven a apagarse como si allí residiera una solución que la historia marca que nunca se encontró en esas religiosas recetas ortodoxas de mercado. Las decisiones políticas y económicas del Gobierno Nacional están conduciendo al país a una nueva catástrofe económica y social. Habrá que contar en años, quizás en décadas, los tiempos de la recuperación cuando sea que lleguen. Como tragedia y como farsa, la Argentina se repite en sus tropiezos de siempre, y los empachados siguen pidiendo a los hambreados que agradezcan las migajas.