"Este es el zurdo que le hizo el paro a la empresa por quince días. Por culpa de esta porquería el ingenio tuvo que tirar toneladas de caña de azúcar”, escuchó un día de abril de 1976 Raúl Osvaldo Tapia, ex trabajador del Ingenio Ledesma, mientras lo interrogaban en una sala de torturas. Su testimonio es uno de los tantos incorporados a las causas de Lesa Humanidad de la provincia de Jujuy. 

A casi 47 años del golpe, familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos siguen buscando esclarecer las responsabilidades en la represión de esa provincia, uno de cuyos capítulos más importantes tenía a Carlos Pedro Blaquier como principal apuntado. El Poder Judicial primero, y la muerte después, le garantizaron al empresario la impunidad. 

De las causas vinculadas al empresario azucarero se desprende que unos 60 trabajadores de la firma Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI) fueron víctimas de la represión, número que se extiende a más de 200 si se toma en cuenta a las comunidades de Libertador General San Martín y Calilegua (médicos, docentes, abogados, estudiantes), y que al menos unos 30 continúan desaparecidos. 

Blaquier murió este lunes a los 95 años. Estaba retirado desde hace diez: condujo el emporio azucarero más grande del país entre 1970 y 2013. Su reinado coincidió con el auge político y organizativo de los sindicatos azucareros en la región. Su decisión fue la detención de trabajadores en el establecimiento fabril y la entrega a los militares de empleados incluídos en listas negras elaboradas por la propia empresa, además de aportar a la represión logística y recursos económicos propios. Las detenciones comenzaron en 1974 y se extendieron hasta mediados de 1976. En julio de ese año participó de la macabra “Noche del apagón”. Pese a todo, no llegó a ser siquiera juzgado. 

“Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, falleció hoy (por este lunes) sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar —aseguró la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un comunicado difundido ayer—. La muerte impune de Blaquier se produjo luego de ocho años de dilaciones judiciales que provocaron un daño irreparable en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante el Estado argentino, y que dejó a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad sin justicia por los crímenes”. 

Desde que el proceso de acusación y enjuiciamiento por delitos de Lesa Humanidad abrió el capítulo de la responsabilidad civil, el caso Blaquier fue uno de los símbolos de la impunidad de la que gozaron muchos empresarios vinculados directamente en la represión de la última dictadura. 

También fue un ejemplo emblemático de cómo actúa el encubrimiento en lo concreto. Tanto el fallecido como su mano derecha Alberto Lemos, ex administrador de Ledesma, estuvieron a tiro y en condiciones de ir a juicio oral desde 2013 en dos causas, “La Noche de los Apagones” y  “Aredez”, que los tenían como procesados. La Sala IV de la Cámara de Casación Penal dictaminó en 2015 la falta de mérito a ambos acusados y luego de la apelación, la actual composición de la Corte Suprema cajoneó el expediente por más de seis años. Recién en octubre de 2021 fueron elevados a un juicio que nunca concluyó. La muerte llegó antes que la justicia. 

En ese proceso de impunidad, es posible trazar una línea de coincidencia temporal entre el cajoneo de la causa y el mandato completo de Mauricio Macri, quien le dedicó a Blaquier un cariñoso comentario en sus redes sociales. “Mis condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de Don Carlos Pedro. Tenía 95 años. Fue de los empresarios más importantes del país”, posteó, sin mencionar los delitos que se le imputaron. 

Desde HIJOS Jujuy, sin embargo, se encargaron de recordar la biografía completa. “La sociedad sabe que Blaquier era asiduo de la “Escuela de Yoga de Buenos Aires” que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, un sostenedor de la trata de personas, donde se encontraron cartas del genocida. Fiel a su estilo nefasto, también aparece como dueño de empresas off-shore en Panamá. Es decir, un explotador sexual y corrupto, además de verdugo”, dijeron. “La muerte seguramente habrá sentido el olor putrefacto que emanaba de ese ser nefasto, quien va a llevar para la historia Argentina y de la humanidad el título de genocida", lo despidieron.

LOS OTROS EMPRESARIOS DE LA DICTADURA 

De acuerdo a distintos informes publicados por la Secretaría de Derechos Humanos (“Responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad”, de 2022) y por organismos como el CELS (Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, Tomos I y II), hay actualmente al menos 23 causas judiciales por responsabilidad y complicidad económica y empresarial en curso. 

El primer empresario en ser juzgado, en 2015, fue el salteño Marcos Levín, dueño de la empresa de micros La Veloz del Norte. Levín cumple prisión domiciliaria por orden del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta, luego de que fuera condenado a 12 años por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en perjuicio de 17 trabajadores de la firma. 

Entre otros de los empresarios que, como Blaquier, murieron antes de ser alcanzados por la justicia, se encuentran el misionero Adolfo Navajas Artaza, ex dueño de Las Marías, la empresa que produce la yerba Taragüí, fallecido en agosto del año pasado; y Alcides López Aufranc, ex dueño de Acindar, quien murió en 2015. 

“En tanto, se espera el demorado inicio del juicio contra directivos de la empresa Ford en cuyo predio fabril funcionó un centro clandestino de detención. Juicios contra militares por casos de obreros, como los de las zonas norte y sur del conurbano bonaerense, desarrollados entre 2014 y 2015, finalizaron con sentencias donde se pide investigar el rol de directivos de empresas y dirigentes sindicales (...) Las causas por Mercedes-Benz, La Nueva Provincia —de la familia Massot— y Acindar se encuentran demoradas, a pesar de los varios años de investigación judicial y la suficiente prueba existente como para avanzar a otras instancias. Otras investigaciones, entre ellas la de Molinos Río de la Plata, entonces perteneciente al grupo Bunge y Born, recién comienzan”, sintetiza el investigador del CONICET en el CIEDIS (UNRN) y doctor en Derecho, Juan Pablo Bohoslavsky, en la introducción del último informe de la Secretaría de Derechos Humanos sobre las causas. 

Se espera que otros directivos de empresas como Molinos Río de La Plata y Grafa (Bunge y Born) Somisa, Peugeot y Loma Negra, entre muchos, puedan ser juzgados.  

A fines del año pasado, la justicia federal de Tucumán se animó a dar un paso importante y embargó inmuebles del Ingenio La Fronterita, en la localidad de Famaillá, donde se cree que podría haber secuestrado trabajadores. Fue en el marco de una causa en la que se investiga la responsabilidad en la desaparición de 11 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio y militantes.