Boletas nuevas: Plata hay, pero lo que sobra es la crueldad
El Gobierno no prosperó en su intento por modificar las boletas para la elección legislativa del 26 de octubre en PBA, a pesar de que adujeron que había “crédito presupuestario suficiente” para los más de 12 mil millones de pesos que implicaba quitar la cara del renunciante José Luis Espert. Implacables contra las personas con discapacidad, pacientes pediátricos, estudiantes y jubilados.
Los encontronazos del Gobierno con la Justicia Electoral por los movimientos que deben realizarse a contrarreloj, luego de la renuncia de José Luis Espert como cabeza de la nómina de LLA por sus vínculos con el supuesto narco Federico “Fred” Machado, parece que finalmente tuvieron el peor desenlace para el Poder Ejecutivo.
No solo las definiciones, primero, de la fiscal federal con competencia electoral de la PBA Laura Roteta; y, luego, la del Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, fueron esquivas para los planes oficiales de que las boletas de LLA tengan a Diego Santilli en el primer lugar como cara visible de las listas.
También se presentaron contratiempos objetivos como la falta de tiempos para poder reimprimir las boletas únicas en papel (BUP) para el 26 de octubre. Es el propio Poder Ejecutivo el que admite que no se llega con los plazos.
Esto surge del informe completo que el ministro de Interior Lisandro Catalán elevó a la audiencia con la Junta Electoral. Cada lote de 3.300.000 boletas tarda 5 días en imprimirse. La cuenta es letal para el Gobierno: se necesitan 15 millones de boletas y faltan 18 días para la elección. Misión imposible.
En esa jornada de elección de medio término, que el Poder Ejecutivo se autoimpuso como “clave” para presentar como carta de autoridad ante Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los principales fondos de inversión, las boletas en el principal distrito nacional mantendrán la cara de Espert.
Es decir, de un referente del espacio “liberal” que no resistió la presión social y comunicacional, y que debió dar un paso al costado por sus vínculos cada vez más profundos con un acusado de narcotráfico extraditado al país del norte.
De acuerdo a lo expresado en el texto oficial que se presentó ante la Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires, con datos provistos por el Correo Oficial de la República Argentina S. A. (CORASA), la reimpresión de boletas tiene un costo adicional para las arcas del Estado de 12.169.655.000 de pesos.
Para esto, Catalán y los asesores legales del Poder Ejecutivo indicaron que existe ““crédito presupuestario suficiente”, con una “readecuación de las partidas presupuestarias correspondientes”.
Esta insistencia de Javier Milei se contrasta con la decisión oficial de no aplicar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pese al rechazo sostenido del Congreso.
La estrategia legal de la Casa Rosada apunta a suspender la erogación de fondos hasta la aprobación del Presupuesto 2026, sin judicializar las leyes directamente. Buscan repetir la estrategia aplicada anteriormente con la Emergencia en Discapacidad.
Un ejemplo de la disparidad de prioridades, donde se enfatiza la carrera electoral por sobre el bienestar de la población, se expresa en el aumento de fondos para el Hospital Garrahan.
De acuerdo con los datos que provee la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el monto destinado a la reimpresión de boletas es más grande de lo que implicaba cubrir los costos para las residencias médicas del Ministerio de Salud desde julio de 2025 a diciembre de 2025: 10.085 millones de pesos.
En el propio oficialismo sostienen que esta iniciativa implica un impacto mínimo en las cuentas fiscales. Pero ratifican que no será aplicada para evitar contradicciones con la decisión de no incrementar fondos a universidades.
De esta ley de financiamiento universitaria, también ratificada en ambas cámaras ante el veto presidencial, se plantea un fondo de 10.000 millones de pesos para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias en función del desarrollo estratégico del país, con un monto que actualiza de forma anual por inflación.
Para el Gobierno, los números cierran al son de la crueldad.