La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vuelve a dar vía libre al mentado modelo “Chocobar” en materia de seguridad. Tras la aplicación en las últimas semanas del llamado “protocolo antipiquetes”, se viene ahora el relanzamiento oficial del esquema de utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, que había sido suspendido por Alberto Fernández.

En efecto, Bullrich será la anfitriona esta tarde del acto de relanzamiento del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que no es otra cosa más que el protocolo que la misma funcionaria había lanzado durante la era Macri mediante la resolución 956/2018.

Allí quedaba establecida la habilitación de las fuerzas de seguridad en el uso de armas letales en caso de actuar en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves” o “para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”.

Esta normativa había sido suspendida durante la gestión presidencial de Alberto Fernández, y esta tarde volverá a entrar en vigencia a partir del acto encabezado por Bullrich a las 15 horas en la sede de la cartera de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2289. Allí, la ministra estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.

Cabe recordar que este protocolo fue enmarcado en su momento en lo que la propia Bullrich había denominado como “doctrina Chocobar”, modelo de actuación de las fuerzas de seguridad de fuerte impronta de mano dura, tomando como ejemplo el caso de Luis Chocobar, efectivo policial acusado de “gatillo fácil” y que fue reivindicado por la gestión Cambiemos.

En tanto, el restablecimiento del protocolo fue cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma “que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil”.

“Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales”, indicó la Correpi en un comunicado.