Cuando se pensaba que la peor semana para los y las trabajadoras del Estado habían pasado, la noticia que comenzó a circular tuvo que ver con otros nuevos 134 despidos.

Más de un centenar corresponden al área de Trenes Argentinos Infraestructura, que se encarga de las obras de mantenimiento, mejoras y renovación de la red ferroviaria. Otros 30 se produjeron en la secretaría de Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.

De acuerdo al anticipo que dio el Presidente Javier Milei de que la ola de cesantías llegará a un total de 70 mil personas, se estima que la planta de la Administración Pública Nacional (APN), que contaba con 200 mil empleados, se reduciría en un 35 por ciento. Esta medida obligaría a vaciar a ministerios y secretarías, y también se cerrarían varias dependencias descentralizadas que tiene el Estado nacional en todo el país.

A los ya mencionados casos en el informe anterior, sobre los encargados de definir, comunicar y firmar los despidos en el área de ANSES, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y de la Secretaria de Trabajo, se suman los de otros “segunda línea” de varios organismos que, si bien no arrojan números tan grandes de cesantías como los anteriores, no dejan de alarmar a sus trabajadores.

Respondiendo al área que encabeza Pettovello, quien según Milei era la única funcionaria con la “billetera abierta”, el ministerio de Capital Humano definió los despidos de 1.100 trabajadores.

La encargada de poner la firma es una antigua exmilitante de las filas del peronismo. Se trata de la abogada Leila Gianni, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa, que notificó el cese de contratos para el 30 por ciento del ministerio.

Gianni comenzó su carrera en la administración pública en 2008, cuando llegó a la asesoría legal de ANSES. En 2015 fue designada cómo Asesora legal Especializada de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que respondía a la Jefatura de Gabinete de Marcos Peña. Gianni ocupó ese puesto hasta el final del gobierno de Mauricio Macri.

En 2020, luego de la asunción de Alberto Fernández, retomó sus vínculos con el kirchnerismo y la nombraron Coordinadora de Asuntos Jurídicos del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos, organismo perteneciente al Ministerio de Justicia.

Dos años después fue designada Directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo, bajo la órbita del Director Nacional de Educación Ambiental en el mismo ministerio y su pareja Guido Veneziale.

Hoy es pieza fundamental en el ministerio de Capital Humano, e impulsó bajo su cargo el recorte y anulación de la entrega de medicación oncológica para enfermos terminales y la comida para niños de la primera infancia. Gianni percibe un sueldo bruto de $1.566.200,96, al que se le suma un plus por “Responsabilidad del cargo” de $1.716.508,51, lo que totaliza $3.282.709,47.

SIGUE LA LISTA DE VERDUGOS EN CAPITAL HUMANO

La secretaría de Educación, que también depende del “súper” ministerio, recortó 300 puestos laborales. En este caso, todas las miradas apuntan al responsable de confeccionar los despidos: Ricardo Hafner, mano derecha del secretario Carlos Torrendell.

Hafner es un contador formado en la educación pública en Administración de Empresas por la Universidad  Nacional de General San Martín, con una especialización en Gestión Pública por la UBA, hace cuatro años que pertenece a la cartera educativa nacional.

RICARDO HAFNER.

Bajo su rúbrica, fue cesanteado un gran número de personal que trabajaba en los programas nacionales de alfabetización, de evaluación, de FinES, y de otras políticas de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles y de formación permanente de los docentes de todo el país.

Un tercer nombre propio de las “segundas líneas” del gobierno nacional, perteneciente también al ministerio de Capital Humano, comenzó a tener visibilidad por los 160 despidos en el área de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF). Se trata de la subsecretaría de Políticas Familiares Ana Belén Marmora.

Pero la irrupción de Marmora en la escena pública es anterior. Esta militante correntina antiabortista, referente de la organización Unidad Pro Vida, se había expresado en contra de la interrupción legal del embarazo durante el tratamiento parlamentario en 2018. También expuso en contra en las comisiones del año 2020, cuando fue sancionada la ley.

ANA BELÉN MARMORA.

“En una sociedad cada vez más totalitaria y violenta, donde un sector como el feminismo, que dice que defiende a las mujeres pero que nos desprecia y nos hace a un lado en este debate, a mí la fe me ayudó a tener coraje para expresarme”, planteaba durante las jornadas de debate.

El alerta de los trabajadores de la SENAF no solo tiene que ver con los despidos, sino también en los servicios sociales que se están dando de baja. Denuncian que no se están tramitando las reparaciones económicas para niños y adolescentes que han perdido a sus madres por femicidios, ni se están gestionando pagos para espacios de primera infancia.

“No hay dictámenes, no hay pagos, no hay firmas de convenios”, plantearon desde la exsecretaria, en la se concentran los centros de desarrollo infantil, los hogares para adultos mayores y la línea de asistencia para chicos y chicas.

Al parecer “esas vidas” no están en el centro del interés de Marmora.