Además de la medida cautelar que frenó la reforma laboral comprendida dentro del DNU 70/2023, la Justicia contenciosa administrativa también habilitó la feria judicial para tratar diversos amparos en contra del decreto. Ante esta decisión, el Gobierno apeló el fallo del juez Enrique Lavié Pico y busca avanzar con las medidas de desregulación económica. 

Mientras Milei batalla el frente legislativo para sumar los votos que le permitan aprobar la Ley Ómnibus, también lleva adelante una pelea en la Justicia para que todas las políticas incluidas en el DNU entren en vigencia. 

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, habilitó la feria judicial para tratar, por seperado, los amparos presentados por la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados.

"Desde la FAM hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno de Milei. Por eso, 500 intendentas e intendentes de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU que avasalla los derechos de las argentinas y argentinos", había explicado Espinoza al informar sobre la presentación legal que hizo con sus pares de todo el país. 

A diferencia de la medida cautelar pedida por la CGT, el amparo de la FAM denuncia la inconstitucionalidad del decreto y pretende frenar la totalidad de las medidas contenidas en él. 

En ese contexto, el fallo de Lavié Pico presenta un duro revés para el gobierno de Javier Milei porque desarma el amparo colectivo que inició el Observatorio del Derecho a la Ciudad, al que se habían sumado distintas demandas contra el megadecreto. A partir de esta decisión judicial, se abren más posibilidades para que el DNU sea declarado inconstitucional.

Por ese motivo, la Procuración del Tesoro, liderada por Rodolfo Barra, decidió presentar una apelación para revertir el fallo de Lavié Pico.