El caso Stornelli-D’Alessio continúa sumando capítulos, esta vez con la negativa a declarar por tercera vez consecutiva por parte del fiscal acusado, en el marco de una investigación por una red de espionaje que salpica a actores nacionales como internacionales. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y vuelve a salpicar a miembros del Gobierno, esta vez con el foco en María Eugenia Vidal, mencionada en el “Expediente Fantino”, donde podría haber sido espiada por miembros del mismo gobierno de Cambiemos.

Tras su visita en la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, presidida por Juan Carlos Marino, el juez Ramos Padilla ratificó la existencia de lo que definió como una red “paraestatal de espionaje”, donde confirmó la existencia de acciones de espionaje ilegal a Vidal. Por su parte, la evasiva de Carlos Stornelli a dar declaración ameritaría declararlo en “desacato” ya que los Fueros no le otorgan inmunidad para negarse a presentarse ante Tribunales.

Es que, según informó La Nación, nuevas evidencias presentan pistas de espionaje ilegal hacia la Gobernadora por parte del acusado comisario Ricardo Bogoliuk, en este caso bajo orden de Silvia Majdalani, número dos de la AFI, hecho que ubicaría a funcionarios del Gobierno espiándose entre sí.

En tanto, la presión social generada alrededor del caso se hizo sentir ayer con la masiva marcha de apoyo al  juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hoy en el centro de atención de todo espectro político nacional. Cabe destacar que la mantención de la causa en el juzgado de Dolores, como también la ampliación de recursos para que Ramos Padilla pueda avanzar, se convirtió en el eje de una pulseada judicial con Comodoro Py, que vigila de cerca los movimientos del magistrado.

Cabe recordar que el falso abogado Marcelo D'Alessio está detenido y procesado, acusado de extorsionar al empresario agropecuario Pedro Etchebest. En las negociaciones, alegó una supuesta cercanía con Carlos Stornelli, quien negó categóricamente la acusación y denunció una operación política en su contra.  Ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Ramos Padilla sostuvo que la presunta extorsión sería apenas la punta de iceberg de “red de espionaje judicial de magnitudes”.