La oposición salió con los tapones de punta a partir de la trágica situación por la cocaína adulterada en una amplia zona del noroeste del conurbano, que ya costó más de 20 muertos y decenas de internados. La Coalición Cívica de Elisa Carrió apuntó contra el presidente  Alberto Fernández por designar en Seguridad a Aníbal Fernández. 

"En estos más de 30 años de administración de la Provincia de Buenos Aires por parte del mismo espacio político, hemos visto candidatos de este oficialismo con pasado en prisión por narcotráfico, observamos videos de intendentes explicando su complicidad con la venta de drogas y también nos enteramos de la relación privilegiada de prominentes figuras de la coalición de gobierno con el narco delito", señaló el comunicado del espacio que encabeza Elisa Carrió.

Y agrega: "la consecuencia lógica de estos vínculos los encontramos hoy en la degradación de la salud, la educación y la seguridad en la Provincia”.

"La corrupción y la droga matan. Lo que vemos en el conurbano es la consecuencia lógica de más de 30 años de inoperancia y complicidad", remarcaron desde la CC.

Además, aseguraron que "más allá de las responsabilidades provinciales, porque aunque el narcomenudeo sea un delito local, el narcotráfico es el crimen federal que el ministro Aníbal Fernández no quiso, no quiere y no puede combatir". 

"La Coalición Cívica pidió su Juicio político en el año 2010, cuando era Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, por su relación con el triple crimen narco General Rodríguez, lo denunció penalmente después, y cuando asumió como Ministro de Seguridad de Alberto Fernández también pidió su juicio político", recordó el comunicado. 

En el escrito señalaron que "desde el Congreso de la Nación podemos hacer algunas cosas para que las autoridades federales no tenga excusas de no hacerse cargo. Derogar completamente la ley de desfederalización de delitos narcotráfico, crear el programa nacional de prevención y asistencia pública integral de las adicciones. Organizar unidades de desintoxicación, centro de recuperación de las adicciones y revinculación social. Agravar las penas para la comercialización del paco y otras drogas altamente peligrosas. También las penas para las organizaciones del narcotráfico. Establecer medidas curativas eficientes con internación, para facilitar la intervención judicial, y modificar el régimen de precursores químicos". 

“Nuestro partido ha denunciado también a los magistrados provinciales que fueron parte del delito. Por ejemplo, el titular de la Fiscalía de Investigaciones Complejas del Departamento Judicial de San Isidro, Claudio Scapolán, por la comisión de delitos y mal desempeño en el cargo. Carrió ha señalada en la Justicia y en los pedidos de destitución, que en el Poder Judicial existía un perverso e ilícito esquema de ejercicio de la acción penal diseñado por el Fiscal General de San Isidro, Julio Novo, procesado por encubrimiento de narcotráfico, en el que Scapolán habría sido un operador fundamental a la hora de ejecutarlo", remarcaron. 

“Como sostuvo históricamente la CC, y aún sostiene, el Estado debe coordinar acciones intersectoriales con los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación y las Secretarías de Cultura, Derechos Humanos y Medios de Comunicación y otras áreas relevantes, y con sus similares de las jurisdicciones que adhieran al Programa Nacional, a fin de desarrollar programas y pautas para un abordaje intersectorial de las adicciones, que puedan ser implementadas por cada una de las provincias, incorporando mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de organizaciones de usuarios y familiares”, concluyó la nota.