La seguidilla de muertes por sobredosis de cocaína adulterada con opiáceos de las semanas pasadas revela dos aspectos, uno positivo y otro negativo, respecto de la lucha contra el narcotráfico en Argentina.

Por un lado, es positiva la rápida coordinación de diversos actores del sistema de justicia criminal en la aprehensión de los miembros de la banda delictiva. También se debe resaltar la colaboración entre actores del sistema de salud que alertó prontamente sobre estos casos.

La clave es normalizar esta colaboración más allá de la emergencia. Hacerlo requiere menos de protocolos y acuerdos formales de colaboración entre agencias del Estado que de materializar redes informales de confianza entre actores de dichas agencias. También requiere la construcción de una burocracia profesionalizada con individuos que permanezcan en sus cargos más allá del cambio de gobierno, suponiendo la probidad en su desempeño, desarrollando no solo las habilidades que requiere su profesión sino también las relaciones y contactos para realizar mejor su trabajo.

Por otra parte, el caso ilustra que, como la mayoría de los mercados ilegales, el narcotráfico depende de la protección y complicidad de funcionarios estatales. Los policías integrantes de la banda son sólo una muestra de un deterioro institucional extendido que ningún gobierno—provincial o nacional—ha revertido. Mas aún, la política es directa o indirectamente responsable, sea por tolerar o beneficiarse de la corrupción policial, o por no brindar los incentivos positivos y negativos—o sea, un sistema de premios y castigos—para minimizar estas conductas.

El año pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó un “Plan Federal de Abordaje del Crimen Organizado.” El documento propone objetivos elogiables como desarticular el vínculo entre el crimen organizado y la violencia territorial, reducir la capacidad de desarrollo económico de las organizaciones criminales, y profesionalizar y modernizar a las fuerzas policiales y de seguridad. Sin juzgar el nivel de implementación del plan, hay un aspecto esencial que está notoriamente ausente de su diseño: la infiltración estatal, especialmente política y policial, del crimen organizado.

Si la política no reconoce este problema, que está detrás del funcionamiento de mercados ilegales y, frecuentemente, de la violencia asociada a los mismos, difícilmente pueda implementar medidas para remediarlo, como mayor transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y formalización de la economía, así como garantizar procesos judiciales justos y expeditivos para investigar y sancionar casos de corrupción.

Mitigar los daños del narcotráfico y otros mercados ilegales requiere necesariamente de colaboración inter-agencial en el estado y de altos niveles de integridad en el Estado. En tanto no se avance sobre todo en el segundo punto, seguirá siendo lejana y parcial la reducción de este problema.

*Doctor en Ciencia Política. Profesor Visitante, Trinity College, EE. UU