El gran tema político del país esta semana es el DNU 70/23. Sancionado en diciembre por el Gobierno libertario, y una vez caída la ley ómnibus, el decretazo es la columna vertebral que hoy por hoy le queda al modelo económico de desregulación absoluta de la economía de Milei. El tratamiento de la medida en el Senado este jueves amenaza con ser el primer paso hacia derogación por parte del Congreso, que obligaría al Gobierno a recalibrar su estrategia política. Pero, en el mientras tanto, crecen rechazos al mega decreto en el seno de la sociedad, y otra institución que puede resultar clave para frenarlo: la justicia.

Este miércoles, el Juzgado Federal n°2 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, dispuso una medida cautelar en favor de un afiliado de la obra social OSDE, mediante la cual dispuso dejar sin efecto los aumentos aplicados a partir de la sanción del DNU que liberó los precios de las prepagas. El afiliado, un jubilado de 69 años de edad, estaba suscripto a la prepaga hace 30 años y realizó la presentación judicial aduciendo no poder pagar el aumento de 86,8% que su cuota sufrió entre diciembre y marzo, plazo de vigencia del DNU.

La jueza a cargo, María Isabel Caccioppoli, dispuso además que los nuevos incrementos tengas que ajustarse al artículo 17 de la ley 26.682, no sustituido por el DNU, hasta que se dicte una sentencia definitiva. Por otro lado, Caccioppoli estableció que la cautelar sea extensible a todas las causas futuras que otros afiliados puedan iniciar contra la prepaga por el mismo tema. Este amparo colectivo reviste una importancia fundamental para sentar jurisprudencia en torno a las demandas que puedan surgir contra otras prepagas, u otras empresas de servicios que hayan aumentado desmedidamente sus tarifas tras la liberalización establecida en el DNU.

El fallo se da en un contexto en que las prepagas anuncian nuevos aumentos. El mismo día del tratamiento del DNU en el Senado, OSDE, cuya suba entre diciembre y marzo rondó el 90%, anunció a sus afiliados que subiría un 14% más las cuotas. Medifé, otra prepaga, informó un aumento del 15%, marcando el nivel de cartelización del mercado una vez caídas las regulaciones.

El de las prepagas no fue, sin embargo, el único movimiento de la justicia en contra del DNU. Este jueves, la Cámara Federal de San Martín reafirmó otra medida cautelar que había suspendido la sección del mega decreto que autorizaba a los clubes a cambiar su figura legal y convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En enero, el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto había hecho lugar al pedido de la Liga de Futbol de Salto Asociación Civil para suspender los artículos 335° y 345° del DNU 70/23, en los cuales se establecían los marcos legales para la constitución de las SAD.

Con el fallo de la Cámara de San Martín de este jueves, la cautelar quedó confirmada hasta que se dicte una sentencia definitiva. Los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández consideraron que “no se verifican, al menos en este estado liminar de la causa, los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado -en la materia de que se trata-, al no evidenciarse y tampoco explicitarse una situación de excepcionalidad o de necesidad que justifique la adopción de las medidas aquí analizadas”.

A su vez, los magistrados agregaron que “tampoco se advierte la imposibilidad de elegir una decisión menos gravosa (trámite parlamentario), ni que las ventajas de la vía escogida sean mayores a las desventajas advertidas”. Estas consideraciones resultan determinantes a la hora de interpretar qué podría pasar en la Corte Suprema con respecto a la totalidad del DNU, ya que los juzgados de primera y segunda instancia comienzan a argumentar la falta tanto de necesidad como de urgencia con respecto a aspectos del DNU, y  sugerir el tratamiento parlamentario como la vía institucional adecuada para resolver el fondo de la cuestión.

En paralelo a estos rechazos judiciales, la discusión por el DNU se cuela en la sociedad que vive todos los días los efectos de la desregulación que estableció en su economía cotidiana. LA consultora Zuban Cordoba publicó un relevamiento en el que el 56,3% de los consultados opinó que diputados y senadores deberían rechazar el mega decreto en el Congreso. El apoyo a la medida de Milei fue del 41%.

Esos números se difundieron en tándem con otros, articulados desde el punto de vista de la economía diaria de la sociedad. Ante la frase “mi situación económica empeoró desde que Milei es presidente”, propuesta por la consultora, un 71,6% se mostró de acuerdo con la misma y sólo un 23,5% estuvo en desacuerdo.

Formulada a la inversa la oración, el resultado fue aún más contundente. “Mi situación económica mejoró desde que Milei es presidente” arrojó la consultora. El 82,4% estuvo en desacuerdo con la afirmación, y sólo el 10,6% estuvo de acuerdo. Es decir, 8 de cada 10 argentinos vio empeorar su economía bajo el imperio del Gobierno libertario, cuya columna vertebral es el DNU que hoy discute el Senado, mientras que sólo 1 de cada 10 argentinos dice que su situación está mejor que antes.

En ese contexto el tratamiento en la Cámara Baja es el primer paso de un proceso institucional que podrá continuar en Diputados y tener otros capítulos en la justicia. Pero, por fuera de los palacios, la verdadera suerte de la orientación económica que el DNU expresa se juega, como siempre, en la calle y en los bolsillos de la sociedad.