Crisis en la UTA: Roberto Fernández vive sus horas de mayor tensión

En sus 17 años al frente de la UTA, Roberto Fernández nunca había afrontado días tan complejos como los que vivió en el último mes. El líder del sindicato de colectiveros que reúne a unos 40.000 choferes en todo el país, que otrora fue kirchnerista, luego macrista, apoyó a Sergio Massa durante la gestión del Frente de Todos y ahora devenido en exponente del gremialismo “libertario”, atraviesa jornadas de tensión por las protestas contra el acuerdo paritario a la baja para el sector, en las que incluso se pedía su renuncia.

Trabajadores y delegados de la UTA marcharon en las últimas horas hacia la sede central en la calle Moreno, en el barrio de Once, y también cortaron calles y los accesos de comunicación con la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por una recomposición salarial de $2 millones de bolsillo. Exigieron que se realice a un plan de lucha para la eliminación del “cepo paritario”, con el llamado a un congreso de delegados en el que se resuelva la acción de fuerza.

Desde el Consejo Directivo del sindicato asienten que la rúbrica del último acuerdo paritario, por el que acordaron con las cámaras y el Gobierno un incremento que llevó el salario básico hasta $1.270.000 en mayo, que llegará que en junio hasta los $1,3 millones brutos, los hicieron quedar pésimo con sus trabajadores.

Pero las patronales se llevan su tajada del aumento del boleto a partir de este domingo 1ero de junio cuando las unidades que circulan en el conurbano bonaerense y el Gran La Plata tendrán un alza del boleto de 4,8%. Una vez que fijaron sus costos, las empresas se centraron en quedarse con la diferencia del aumento del pasaje.

En una declaración que difundieron los cuerpos de delegados de 37 líneas del área metropolitana sostuvieron que “la conducción de la UTA volvió a cerrar paritarias de manera inconsulta y a la baja”. En este último acuerdo, Fernández y el Consejo Directivo se comprometían a no elevar pedidos de aumentos a las autoridades hasta el mes de julio.

Fernández ya le había hecho otro guiño al Gobierno y se había negado a participar del último paro de la CGT en el mes de abril, amparándose en la conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno. Este hecho había debilitado fuertemente la efectividad de la huelga.

Pero horas antes de esta última medida de fuerza de la central obrera, la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que dirige Gabriel Oriolo, realizó una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA, administrada por Silvia Antonia Bevk, la esposa del jefe de la UTA.  Los trabajadores reiteraron la necesidad de “intervenir el sindicato” y “fiscalizar la obra social”.

También se mantienen los reclamos de los delegados por una ley “antimonopólica del transporte”, con denuncias contra la injerencia sobre la UTA del conglomerado de empresas del Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor), que controla la mayor parte de las líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con 180 líneas que abarcan 733 ramales. “No tenemos otra cosa que una escribanía de DOTA”, aseguraron a Diagonales.

La hegemonía de DOTA tiene correspondencia con los tiempos políticos que corren, ya que hay lazos familiares que atan al presidente Javier Milei con este grupo. En una entrega previa de Diagonales se detallaba cómo fue la creciente participación del padre del mandatario, Norberto, un extrabajador devenido en empresario del transporte.

La empresa ya había intentado colocar al exsecretario de Organización de la UTA Miguel Bustinduy que en 2018 rompió con Fernández y se plantó como opositor. Le quitó un puñado de seccionales a nivel nacional de relevancia y se llevó 5000 afilados para su sector.

Ya sea por presiones del Poder Ejecutivo, del Grupo DOTA, de la oposición dentro del sindicato o de los mismos trabajadores y delegados enfurecidos, Fernández quedó entre la espada y la pared.