Un fuerte informe sindical del escenario económico nacional elaborado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma vio la luz este viernes con duras críticas al severo plan de ajuste implementado por el gobierno nacional de Javier Milei al cabo de los primeros seis meses de gestión, que, consideró la agrupación, persigue el objetivo de “debilitar la capacidad de acción colectiva” obrera: “El desempleo y la caída de la actividad son consecuencias deseadas“.

“La profundización de la recesión económica y el aumento del desempleo son componentes centrales de la estrategia económica del gobierno nacional. La caída de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo son consecuencias deseadas de la política oficial. Desde su perspectiva ellas son necesarias para contener la inflación y para debilitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las organizaciones sindicales”, expresó la organización conducida por Hugo “Cachorro” Godoy en un estudio difundido esta tarde.

Las declaraciones se desprenden de un trabajo realizado por la CTA Autónoma y el Instituto de Estudios y Formación (IEF) en el marco de un Informe de Mercado Laboral coordinado por Daniel Godoy y Tomás Raffo, que expresa “el impacto” del ajuste y la recesión “sobre el mercado de la fuerza de trabajo”. En ese marco indaga en las medidas llevadas a cabo en el primer semestre de la administración de La Libertad Avanza, especialmente desde el ministerio de Economía que dirige Luis “Toto” Caputo.

X de CTA Autónoma

“El contenido de las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre debe ser leído a partir de este doble objetivo: reducir rápidamente la indexación de los precios en la economía local y debilitar la reacción de los sectores populares”, considera el análisis, al tiempo que señala que el “grado de éxito” del plan de gobierno “todavía está por verse” ya que “la inflación sigue en niveles extremadamente altos y la reacción popular ha dado muestras de vitalidad”.

En concreto, subraya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestra una suba “del 90% en tan solo cuatro meses”, y a la vez la ciudadanía ha impulsado “dos paros generales el 24 de enero y el 9 de mayo” más “la realización de grandes movilizaciones y reclamos sectoriales”; ello “a pesar de que en los primeros tres meses de gobierno de la nueva gestión la actividad cayó un 3,7%, acumulando una variación interanual negativa del 5,5% en febrero de 2024”.

Además, “el retroceso del empleo registrado entre agosto y febrero se verificó en 21 provincias” de acuerdo con cifras del ministerio de Trabajo (hoy secretaría), mientras que en el derrumbe del nivel de empleo registrado en el sector privado “se dio a la par de una fuerte reducción de la cantidad de trabajadores en el sector público” que ya llevó a 21.393 empleados estatales a perder sus puestos laborales en el marco de un mega plan “motosierra” promovido desde el Ejecutivo.

De hecho, de los miles de trabajadores que fueron cesanteados de sus cargos, “aproximadamente la mitad correspondería a despidos en la administración pública nacional”, en tanto que “la otra mitad se explicaría por cambios en la dotación de empleo en otras entidades y jurisdicciones”. Por otra parte, ya en el rubro privado, “la situación más critica sigue siendo la de las trabajadoras de casas particulares”, que es “el único grupo que no recuperó ningún puesto luego de la salida de la pandemia”.

“El impacto del proceso de despidos en el agregado de la ocupación registrada todavía es incierto. En algunas actividades, los representantes sindicales e incluso algunas cámaras patronales han denunciado que hay decenas de miles de puestos de trabajo en riesgo. Estas afirmaciones guardan relación directa con la caída de la actividad económica que, en algunos sectores, supera largamente los dos dígitos en la comparación interanual. Las estadísticas oficiales recién ahora comienzan a dar cuenta de este retroceso en materia de empleo”, concluyó el informe de la CTA Autónoma.