Del bono al “Salario Básico Universal”: el Gobierno vuelve a debatir el rumbo de la política social

La carpeta con la etiqueta “Salario Básico Universal” volvió a girar por los despachos oficiales al calor de la inflación desmedida en el rubro alimentos. El anuncio esta semana de un bono destinado a trabajadores informales, beneficiarios de planes sociales y monotributistas se le parece bastante, por lo que el sector que impulsa esa iniciativa al interior del Gobierno volvió a insistir esta semana en debatir la viabilidad de la idea, con la que ya habían coqueteado más de una vez el equipo económico y hasta el propio Presidente, sin concretarla. 

“El bono que anunció el Gobierno va en la línea de nuestra propuesta de un Salario Universal, porque a diferencia del IFE no es familiar, sino individual. En ese sentido es más universal, aunque habrá que ver el número final de beneficiarios, que todavía no está claro. Es una medida saludable en un contexto de aceleración de la inflación, sí. Pero nos parece que es una oportunidad para animarse a tomar medidas más allá de la emergencia, más allá de la coyuntura, y atacar el problema de los ingresos de manera estructural. Y nosotros creemos que se puede, que los números dan”, explicó a Diagonales el diputado nacional de Patria Grande (Frente de Todos) Itai Hagman, uno de los impulsores de la iniciativa.  

Según distintas fuentes consultadas por este medio, la política, a trazo grueso, demandaría una inversión de un punto del PBI. Con esos recursos, todo el sector de la población de entre 18 y 65 que trabaja en la informalidad podría recibir todos los meses de forma individual un ingreso que cubra la canasta básica de alimentos, que a abril de este año supera los 10 mil pesos. 

Eso alcanzaría “para borrar de un plumazo la indigencia”, como sugirió esta semana el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, que empezó a ocupar un rol de articulador entre las distintas posiciones al interior del Frente de Todos. Rossi es uno de los defensores recientes de la medida. “Es una necesidad”, dijo Rossi, y aseguró que le llevó la idea a Alberto Fernández, como lo han hecho otros dirigentes en otros contextos. “Los indicadores económicos dan bien, el empleo se está recuperando, pero sería una medida necesaria para terminar con la indigencia de un plumazo”, dijo. 

Desde las organizaciones sociales también hubo voces que aprovecharon el anuncio para insistir con el planteo. “Bienvenido el bono de 18 mil pesos anunciado por el gobierno. Proponemos que sea de 12 mil pesos por mes y de manera permanente. Hay que implementar políticas universales que den respuestas, desde el sector de la Economía Popular venimos desde hace mucho planteando que es necesaria la implementación de un Salario Básico Universal”, dijo esta semana Dina Sánchez, Secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). 

Juan Grabois, dirigente del MTE, es uno de los principales impulsores. Durante el debate del acuerdo con el FMI, había puesto la aprobación de la iniciativa “como condición” para apoyarlo 

Sin embargo, no todas las organizaciones de la Economía Popular apoyan la medida. Las organizaciones que marcharán este primero de mayo para apoyar al Gobierno exigieron que se acelere la aplicación de “la agenda de políticas para la Economía Popular”, que no incluye el Salario Universal, pese a que el propio Papa Francisco lo recomendó en una carta dirigida al sector, de hace dos años. 

Sobre la idea también había trabajado el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. “Hoy el tema de los ingresos y el trabajo es un debate en todo el mundo, en un contexto en que crecen la pobreza y la desigualdad. Hay tres caminos: la flexibilización laboral, que propone la derecha y que ha fracasado. Otro camino es la reducción de la jornada laboral de seis horas, que está muy lejos de nuestra realidad. Y por último el Salario Básico Universal, que creo que es el camino que va a terminar tomando América Latina”, le dijo Arroyo a este medio sobre la medida, y agregó que “debe venir acompañada de una contraprestación”. 

Desde que la idea está sobre la mesa, sin embargo, en el Gobierno hay varios sectores que la resisten y por ahora frenan su implementación. Las razones son varias. El Plan Argentina 2030 es una hoja de ruta a largo plazo que propone la generación de dos millones de puestos de trabajo genuino como objetivo principal, por lo que una idea como la de un Salario Básico es desechada por razones de concepto. La Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, echó mano a otro argumento: el fiscal. “No dan los números fiscales en este momento”, dijo esta semana al ser consultada sobre el tema, en obvia referencia, además, a los compromisos y las metas de déficit que asumió el país con el FMI. Ese es el problema que más talla por ahora en el ministro de Economía, Martín Guzmán. 

“Si la resistencia es por el coste fiscal, se podría empezar por un universo más pequeño y a partir de allí ir ampliando”, dijo Arroyo a este medio. Hagman coincide: “Las cuentas que nosotros hicimos es que ese punto del PBI puede financiarse en parte reasignando partidas y absorbiendo otros gastos que el Estado ya hace”, explicó. “Además, esa plata tiene un retorno fiscal, porque está destinado al consumo”, agregó. E incorporó, además, el debate en torno a las tarifas: “El ingreso universal hasta puede pensarse como una reasignación a los consumidores de parte de los subsidios que van a las empresas”, dijo.  

Respecto de la generación de trabajo, el salario universal puede pensarse como una medida complementaria. “Transformar la estructura económica del país, en el mejor de los casos, puede llevar 20 años. A la gente no podemos pedirle que espere”, argumentó.